Todos son unos abusivos

José Raúl González Merlo
Miembro Junta Directiva
CIEN

Que los diputados se hayan recetado una indemnización fue la gota que derramó el vaso de paciencia ciudadana. El movimiento de rechazo tuvo eco entre los partidos políticos y ahora andan viendo con qué “güizachada” dan marcha atrás. Sin embargo, hay que aclarar que los diputados únicamente han seguido el mal ejemplo de otros funcionarios que cometieron el mismo abuso aunque sus respectivos casos hayan pasado desapercibidos.

Es la segunda vez que una legislatura fracasa en el intento de crear la indemnización. Los diputados volvieron a alegar que, solamente, pretendían gozar de las mismas prebendas de otros funcionarios que también crearon su indemnización. Lamentablemente para los diputados, la prensa le tiene la lupa puesta en el Congreso e inmediatamente denunció cómo, de forma abusiva, se habían auto recetado gozar de un mes de salario por cada año de servicio, entre otras prestaciones.

Maldita maña de creer que las prestaciones y los beneficios laborales se pueden crear de la nada y por mandato legal como que la vida fuera gratis. ¿A cuenta de qué, se debe indemnizar a un funcionario público (diputado u otro) electo por un plazo definido? ¿Cuál es el “daño” causado al terminar su gestión como para merecer una indemnización? Mentalidad propia de país subdesarrollado en donde se cree que la legislación es fuente de riqueza y que siempre alguien más debe pagar la factura como si nos lo mereciéramos todo.

No es la primera vez que, como ciudadanos, nos meten este tipo de goles. Así fue como, en su oportunidad, los también entonces “honorables” magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte Suprema de Justicia, entre otros cargos, se recetaron su respectiva indemnización. Fue, igualmente, un acto abusivo, inmerecido y antiético. Ahora que gozan de dicho “derecho adquirido”, como es “irrenunciable”, se ven “obligados” a cobrarlo al finalizar su período de “servicio”. Ojala que la prensa también publicase los nombres de las personas que, desde sus cargos, cometieron esos abusos. El pueblo de Guatemala tiene derecho a conocerlos para también condenarlos en la corte de la opinión pública.

El error no es fuente de derecho y lo que hace el mico no tiene por qué hacerlo el mono pero, si ese comportamiento provino de sendos “magistrados” ¿qué podemos esperar de simples diputados? Todos son unos abusivos y ese es el mensaje que debe calar en la ciudadanía. Si no le ponemos límites al poder discrecional de los funcionarios públicos, no seamos tan ingenuos de pensar que no usarán y abusarán del poder que les delegamos.