¿El Congreso al rescate energético?

José Raúl González Merlo
Miembro Junta Directiva
CIEN

Es poco creíble que el Congreso pueda promover una “solución” al alto precio de los combustibles. Aún así, el diputado Oliverio García Rodas, con la complicidad de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso, pretenden aprobar una ley que nos obligará a agregarle alcohol etílico a la gasolina.

Dice el artículo 12 del proyecto de ley que “… toda gasolina… deberá contener el mínimo de alcohol etílico… el cual no será inferior al diez por ciento”. De no cumplir, existe la amenaza de multas hasta por un millón de quetzales. Gracias a la ley, dizque nos “ahorraremos” $50 millones en divisas, se crearán 5,000 plazas nuevas de trabajo y reduciremos la contaminación ambiental. Es exactamente el regreso a las políticas fallidas de los setentas. Lo único que nadie garantiza es que el remedio no salga más caro que la enfermedad. En mi opinión, el sólo requerimiento de obligatoriedad y amenaza de multas, es garantía de que nos saldrá mucho más caro a los consumidores.

Se supone que los diputados vienen al rescate porque el precio del barril de petróleo anda cerca de los $100. Usar el poder coercitivo del gobierno para obligarnos a adoptar otros combustibles debería ser para que nos salga más barato ¿no? Porque, si no hay garantía de ello, ¿para qué nos están “haciendo el favor”? ¿No se le hace absurdo que, si el alcohol etílico es la solución a nuestros problemas energéticos, los diputados nos tengan que obligar a comprarlo? ¿Por qué no simplemente los productores de dicho combustible nos lo ofrecen sin amenazas de multas?

Si la cosa fuera tan beneficiosa, ya estaríamos usando alcohol etílico como combustible porque alguien estaría haciendo plata vendiéndonosla. Sin embargo, todo este esquema coercitivo es una mala señal. Seguramente será más caro y no redundará en beneficios para los ciudadanos más pobres. Es demasiado obvio. Los únicos beneficiados serán los productores nacionales de alcohol etílico y sus proveedores. Es tan obvio, que el alcohol etílico hasta tiene una protección arancelaria de casi 40%. O sea, ni siquiera lo podremos comprar más barato en el exterior…

Lamentablemente, esta ley demuestra, nuevamente, que el Congreso vuelve a convertirse en una maquinaria para dispensar privilegios. Los guatemaltecos no necesitamos diputados para salvarnos de crisis energéticas. Lo único que necesitamos es que no intervengan en un proceso competitivo que nos ofrecerá las soluciones adecuadas en el momento en el que éstas se vuelvan económicamente viables. Esta ley debe ser rechazada por ser un burdo privilegio económico y porque, como tal, perjudicará a los ciudadanos más pobres.