27 febrero 2007

Reconsiderando el Transfuguismo Parlamentario

Javier Fortin
M.A. en Políticas Públicas, SUNY en Stony Brook
M.A. en Rleaciones Internacionales, UFM

El cambio de partido político o bancada parlamentaria de los diputados en el ejercicio legislativo ha generado el escrutinio de los medios de comunicación, los centros de investigación y la academia de nuestro país. En términos generales, el transfuguismo parlamentario -como se suele llamar a este fenómeno- es considerado como algo negativo que tiene serias repercusiones sobre la representación, el sistema de partidos políticos y la democracia en general. De hecho, los estudios más recientes y con mayor aporte académico como el trabajo de tesis de Ayleen Rodríguez, La Representatividad de los Diputados Disidentes dentro del Congreso de la República (2004), el cuaderno de información política de FLACSO, El Transfuguismo Parlamentario (2005) y el artículo de Pedro Trujillo en el periódico electrónico La Opinión, Transfuguismo Político (2006), coinciden en señalar que el transfuguismo es un fraude a los electores, que debilita el sistema de partidos y que pone en tela de juicio la ética de los diputados.

A pesar del aporte de los trabajos arriba mencionados, ninguno de ellos ha ofrecido una explicación del por qué los diputados deciden migrar de un partido a otro. Estos estudios se han limitado a describir el fenómeno, a ofrecer evidencia de cómo se ha dado en el presente período legislativo y a evaluar el fenómeno desde una perspectiva legal y/o normativa. Por supuesto, definir el fenómeno, medir la incidencia del mismo y emitir un juicio de valor acerca del mismo, es importante. Sin embargo, explicar y entender la decisión de los diputados de transfugar resulta un ejercicio más productivo si lo que buscamos es estar en una mejor posición para evaluar, juzgar y mejorar el desempeño macro y micro legislativo.[1] Por lo tanto, a continuación trataremos de alejarnos del tradicional análisis normativo de la política en nuestro país y contribuir al entendimiento del transfuguismo parlamentario, haciendo referencia a algunas ideas que explican el fenómeno desde la perspectiva del rational choice.

A partir del trabajo de FLACSO -elaborado por Luis Fernando Mack y Mario López- y el de Pedro Trujillo, sabemos que cerca de un tercio de los diputados en el actual período legislativo han migrado de bancada parlamentaria. De forma comparativa, este resultado es similar al promedio de 30% que se da en países con alto transfuguismo como Italia, Brasil, Japón, Ecuador y Rusia y dista de países con un bajo nivel como lo es Estados Unidos, donde únicamente 20 diputados de ambas cámaras cambiaron partido entre 1947 y 1997. Sobre la base de esta información podemos estar confiados en afirmar que Guatemala tienen una alta incidencia de tranfuguismo parlamentario. La pregunta es, ¿qué motiva a los diputados en Guatemala a migrar de bancada con tanta frecuencia?

En la tradición del análisis de las decisiones racionales o rational choice tomamos por sentado que los individuos son maximalistas y que buscan satisfacer sus intereses. Por otro lado, entendemos que en el diario vivir hay normas e instituciones que sirven como condición vinculante y que logran disuadir o estimular la conducta individual. De tal cuenta, consideramos que los diputados son racionales en la medida que optan por los medios más rentables –dentro del marco institucional- en la consecución de sus intereses. Bajo ese orden de ideas, Scott Desposato en Parties for Rent? Ideology and Party Switching in Brazil’s Chamber of deputies (2005) sugiere que la decisión de los diputados de migrar es una decisión estratégica orientada a maximizar su función de utilidad, donde el diputado hace un balance entre sus recursos, los recursos de las bancadas y los costos de transacción asociados a la migración.[2] Por otro lado, propone que la incidencia del transfuguismo está directamente relacionada con la capacidad de los partidos de controlar los recursos que le interesan al diputado.[3]

William Heller y Carol Mershon[4] -en otro estudio pionero acerca del tema- asocian la cohesión o disciplina partidaria con la decisión de los diputados de transfugar. En este caso, la decisión de los diputados está subordinada a la evaluación que hace entre la membresía con el partido político y sus costos de asociación. Dentro del modelo, la cohesión partidaria es un “bien” valioso para los partidos y están dispuestos a entregar un cúmulo de recursos al diputado con tal de recibir a cambio disciplina. Por su parte, el diputado está dispuesto a sobreponer los intereses partidarios a los propios dependiendo de lo que obtenga del partido. Por lo tanto, el diputado decide o no tranfugar luego de evaluar los recursos del partido y el nivel de disciplina que busca imponer sobre él; la utilidad del diputado será un análisis de los beneficios de la membresía con el partido menos sus costos de asociación.

Haciendo referencia al trabajo de Desposato y de Heller y Mershon, podemos comparar la dinámica del transfuguismo con el mercado laboral, donde los partidos –explicita o implícitamente- ofrecen recursos por los servicios políticos de los diputados (de especial importancia, su conducta disciplinada) y los congresistas deciden prestar sus servicios dependiendo del cúmulo de recursos que el partido está dispuesto a ofrecer por su labor legislativa. Al igual que en cualquier mercado, la disponibilidad de los recursos y las normas de conducta influyen en la oferta y demanda de los servicios. En nuestro caso, son de especial importancia las instituciones que sesgan el control y la disponibilidad de los recursos y las normas que imponen costos de transacción.

Probablemente hacer una evaluación empírica del transfuguismo en Guatemala -a través de la comprobación de hipótesis- sería el enfoque más recomendable para contrastar nuestra propuesta. Sin embargo, no contamos con los datos y la información necesaria para medir las variables que pueden evidenciar el fenómeno en nuestro país. Sin embargo, a través del análisis cualitativo y cuantitativo de los elementos que hemos descrito como aquellos que influyen sobre el transfuguismo, podemos tener un acercamiento a la validez de nuestro planteamiento. Por lo tanto, y en función del presente análisis, nos referiremos a la cohesión partidaria, a los recursos que el diputado considera importantes y a los costos de transacción.

El análisis de los votos nominales de 1994 a junio de 2006 a través del Indice de Rice sugiere que la cohesión partidaria en Guatemala es de .93 en promedio; a toda luz, una proporción bastante alta.[5] En parte, el alto índice lo podemos atribuir a la designación partidaria de las listas cerradas en la elección de diputados nacionales y distritales, al monopolio partidario en la postulación de cargos públicos nacionales, a la convergencia de la autoridad partidaria y el ejercicio de los puestos públicos en las mismas personas y al control del liderazgo partidario sobre las instituciones legislativas. A través de estos mecanismos, el partido político controla tanto los bienes colectivos como privados[6] que contribuyen a satisfacer los intereses electorales, de carrera política e ideológicos de los parlamentarios. Así, los partidos políticos en Guatemala logran persuadir o imponer disciplina entre sus correligionarios.

Ahora, si el partido tiene el control sobre los recursos, ¿por qué se da el transfuguismo? La respuesta probablemente tenga que ver con los bajos costos de transacción en Guatemala. Por un lado, la legislación no tiene restricciones a que los parlamentarios cambien de bancada si así lo desean. De hecho, la única limitante legal es quizás el plazo que tienen los partidos políticos para someter al Tribunal Supremo Electoral las listas de candidatos de cara a las elecciones. En cuanto a los costos de transacción electorales, la baja institucionalización partidaria, el alto nivel de volatilidad electoral, las marca partido poco claras y distinguibles y el uso de listas electorales en el país, reducen los costos de transacción asociados a la migración. De tal cuenta, contamos con un sistema que impone costos de transacción marginales a la decisión de los diputados de cambiar de partido político.

Bajo este escenario -donde los partidos controlan los recursos y logran mantener la cohesión o disciplina partidaria y donde no hay costos de transacción significativos a la migración-, los diputados transfugarán en la medida que reciban recursos por debajo de su expectativa vis-á-vis lo que están dispuestos a ceder de sus intereses y libertades a merced de la disciplina o cohesión partidaria. Por ejemplo, en las migraciones del PAN al Unionismo –PU- en el período legislativo 200-2004, los diputados disidentes aumentaron sus pagos electorales, ideológicos y de carrera política al romper su asociación con el PAN y formar el PU. Es de recordar que previo a su migración, la corriente arzuista del PAN –a la cual pertenecían estos diputados- perdió el control del Comité Ejecutivo, por lo que fueron marginados de los puestos partidarios y de las comisiones de trabajo. Al separarse del PAN y formar el PU, los diputados pasaron a ocupar los puestos importantes en el nuevo partido, ocuparon comisiones de trabajo en el Congreso y, algunos de ellos, pasaron a formar parte de la administración municipal con la eventual elección del PU a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Por otro lado, los diputados que se fueron al Unionismo no tuvieron costos de transacción significativos. De hecho, no hubo ningún costo de transacción legal y su elección por lista nacional o en los distritos de mayor magnitud, diluyó cualquier costo electoral.

Como podemos ver, las migraciones del PAN al PU las podemos asociar al desplazamiento de su corriente partidaria de la toma de decisión y a la imposición de las decisiones de la nueva dirigencia. En este caso, los diputados que se fueron eran todos piezas clave en la dirigencia anterior y muy cercanos colaboradores de quien fuera el máximo líder partidario. Por lo tanto, su desplazamiento de la dirigencia aumentó sus costos de asociación y al mismo tiempo, redujo los pagos electorales, ideológicos y de carrera política que podían disfrutar. Bajo estas circunstancias, y con costos de transacción marginales, los diputados disidentes tomaron la decisión estratégica de formar su propio partido político en donde redujeron sus costos de asociación y aumentaron su utilidad.

Por último, nos gustaría mencionar una razón más por la que consideramos que la cohesión tiene relación con el transfugismo, y es que si la disciplina partidaria no fuera un elemento dentro de la decisión de transfugar, esperaríamos que los diputados tránsfugas mantuvieran su mismo patrón de voto. Comparando los votos nominales de los diputados que migraron del PAN al PU, del PAN a la GANA y del FRG a la Bancada Integracionista para el período de enero de 2000 a junio de 2006, únicamente 2 diputados votaron en contra de la decisión de su nuevo partido. En este caso, contrastamos los votos del partido antiguo y del partido nuevo; si ambos partidos votaron igual lo codificamos como 1 y si los partidos no votaron igual, lo codificamos 0. De las veces en que los partidos votaron igual, hubo 4 casos en que un diputado no votó según su partido. Por aparte, de los 35 votos nominales en que los partidos no votaron igual, solo 2 diputados votaron en contra de su nuevo partido. Aun cuando este análisis debe ser explorado con más detenimiento y no debe ser tomado como evidencia concreta, si ejemplifica como el diputado ajusta su conducta dependiendo del partido en que se encuentra y por lo tanto, demuestra que la directriz partidaria influye en la conducta legislativa.

¿Es bueno o malo que los diputados tengan la opción de cambiar de partido político? En el desarrollo de este ensayo hemos tratado de alejarnos del tradicional análisis normativo o prescriptito de la política y analizar el fenómeno desde el rational choice, presentando algo de evidencia que -aun cuando no suficiente- sustente nuestra propuesta. En ese sentido, juzgar el transfuguismo no es nuestra intención ni nuestro expertise. Sin embargo, es claro que hay más elementos que considerar que el solo hecho de criticarlo o aprobarlo. El transfuguismo es una manifestación de las instituciones e incentivos del sistema político de nuestro país y si lo que buscamos es eliminar los vicios de nuestros diputados, quizás lo que necesitamos es estudiar y entender el Congreso y como se comportan los diputados en él. De no ser así, seguiremos viendo “el problema” expresándose a través de otro fenómeno.



[1] Al hacer referencia de lo macro legislativo lo hacemos en el sentido del desempeño del Congreso de forma agregada, mientras que por micro legislativo entendemos la conducta o desempeño de los diputados individualmente.

[2] Los costos de transacción son aquellas cargas, legales o no, que pesan sobre la decisión de migrar. Así, los costos de transacción pueden tomar la forma de restricciones legales –como el hecho de perder la curul en caso de renunciar al partido por el que se fue electo-, la cesión de algunos de sus intereses y/o libertades (costos de asociación) o la pérdida de votos asociada a la migración.

[3] A grandes rasgos, podemos dividir los intereses u objetivos de los diputados en tres categorías: intereses electorales, intereses ideológicos e intereses de carrera política. Para una exposición de los mismos, ver la tesis de maestría de Javier Fortin, “...del Partido, por el Partido y para el Partido: un estudio del Congreso y de los diputados al congreso de la República de Guatemala”.

[4] Heller, William; Mershon, Carol. Party Switching in the Italian Chamber of Deputies, 1996-2001. The Journal of Politics, Volume 67, Issue 2, 2005.

[5] Fortin, Javier. Javier Fortin, “...del Partido, por el Partido y para el Partido: un estudio del Congreso y de los diputados al congreso de la República de Guatemala”; 2007, pg. 38.

[6] Scott Desposato hace una distinción de los recursos disponibles a los diputados según su naturaleza y los divide en dos categorías: bienes privados –private goods- que son excluyentes y rivales (exclusive and rival) y bienes colectivos –club goods- que no son exclusivos. En una segunda dimensión, amarra los recursos a la capacidad que tienen los partidos políticos para controlar el suministro de los mismos.[6] Por lo tanto, contamos con bienes privados donde el suministro no está bajo el control de los partidos políticos, bienes privados donde el suministro está bajo el control de los partidos políticos y bienes colectivos.

26 febrero 2007

Un muro más alto

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

No es necesario construir un Muro para evitar que los trabajadores latinoamericanos emigren hacia Estados Unidos. Lo que se necesita es limitarles el acceso al objeto de su emigración: trabajo.

En el siguiente artículo quiero desarrollar una hipótesis sobre las repercusiones que podría tener en la inmigración la nueva lucha que el Congreso de Estados Unidos emprenderá por incrmentar el salario mínimo y que podría afectar a los inmigrantes ilegales latinoamericanos. Será una lucha que lastimosamente ganará fácilmente el Congreso norteamericano porque:

v No será tan evidente como la construcción de un muro en su frontera sur.

v La presentarán como una gran conquista social.

v Tendrá el apoyo de grupos diversos, desde la extrema derecha y la izquierda vinculada con temas laborales.

v Intelectuales como Gary Becker y Richard Posner,[1] si bien han criticado esta nueva lucha del Congreso norteamericano, no se han tomado la molestia en individualizar a uno de los perjudicados: los trabajadores inmigrantes ilegales latinoamericanos.

Actualmente ya existe dicha prohibición, en el sentido de que los trabajadores latinoamericanos, no pueden trabajar ante la carencia de residencia o visas de trabajo. Sin embargo, la capacidad para su cumplimiento ha sido débil, porque termina siendo un “crimen” en donde los dos involucrados se benefician y por lo tanto, ninguno de los dos tiene motivos para entablar una demanda ante el Estado. Por esta razón, se requiere de un mecanismo adicional que promueva el cumplimento de la ley. Creo que las autoridades estadounidenses al fin lo han encontrado.

Los líderes de la mayoría Demócrata en el Congreso de Estados Unidos han mostrado interés en elevar en un 40% el salario mínimo de dicho país. Ello implicaría un cambio de US$5.15 la hora a US$7.25 la hora.

¿Por qué el aumento al salario mínimo de Estados Unidos será un Muro Altísimo en contra de los inmigrantes latinoamericanos?

Para explicarlo, debemos hacerlo a partir de dos posibles escenarios. El primero, donde se cumple perfectamente con el salario mínimo. El segundo, donde se dará un cumplimiento imperfecto.

La explicación más sencilla se da a partir del primer escenario. Suponiendo que el Gobierno y las centrales sindicales estadounidenses despliegan un fuerte operativo y se logra cumplir a cabalidad con el nuevo salario mínimo, los inmigrantes latinoamericanos de baja productividad no tendrán acceso al mercado laboral norteamericano. Además, no podrán optar al auto-empleo para obtener ingresos, ya que ello implicaría que son más visibles para la autoridad, pudiendo esta detectar más fácilmente su estatus de inmigrante ilegal. Por lo tanto, el inmigrante ilegal no lograría un espacio dentro de la economía norteamericana, lo cual disminuiría el atractivo de inmigraciones futuras.

El segundo escenario es un poco más complejo. A pesar que existiese un escaso compromiso político y sindical en materia salarial, aun así existiría un proceso que presionaría por el cumplimiento del nuevo salario mínimo y, por lo tanto, a perjudicar a los trabajadores inmigrantes latinoamericanos.

Me explico. Según menciona Richard Posner, aproximadamente un 5% de la fuerza laboral norteamericana gana menos del salario mínimo. De realizarse el cambio, dicho porcentaje se incrementaría a un 10%. Este dato resulta importante porque mostraría un creciente grupo de la población norteamericana que estaría compitiendo frontalmente con los inmigrantes para conseguir trabajos para mano de obra poco calificada, pero cuyo salario supere los US$7.25. Y será esta competencia la que puede llegar a desencadenar una cacería de brujas por parte de los trabajadores norteamericanos de baja productividad hacia los inmigrantes latinoamericanos y hacia toda empresa que los contrate.

En el fondo de estas explicaciones subyace una hipótesis importante: la baja productividad del trabajadores inmigrante ilegal latinoamericano. Dicha hipótesis puede sustentarse en varios elementos, pero que no necesariamente sería cierta para todos los casos:

v De ser un trabajador más calificado, pudo haber optado a un estatus migratorio distinto.

v Escaso conocimiento del idioma inglés.

v No está acostumbrado a la cultura organizacional norteamericana.

v Escasa experiencia en las tareas asignadas dentro de una industria que no existe en América Latina o cuyos procesos tecnológicos son distintos.

Dada esta baja productividad, el inmigrante latinoamericano deberá competir con trabajadores norteamericanos de baja productividad. Esto molesta a los trabajadores norteamericanos de baja productividad, porque los latinoamericanos estarían obteniendo puestos de trabajo que, en ausencia de migración, obtendrían los estadounidenses mucho mas fácilmente.

Por último, vale la pena mencionar que es posible imaginar que el aumento del salario mínimo estadounidense podría reducir la rentabilidad de ciertas industrias en este país, promoviendo una mayor importación de dichos productos. Estas podrían ser excelentes noticias ya que podríamos generar dichas empresas latinoamericanas, suponiendo que son bienes que puedan exportarse, como los productos agrícolas. Sin embargo, hay dos limitaciones para dicho escenario. La primera, algunos de esos trabajos no son sujetos de exportación, como el trabajo doméstico. El segundo, no puede argumentarse que en Latinoamérica existan condiciones apropiadas para la atracción de inversiones, de cara a la posibilidad de hacer dichas inversiones en otras regiones. Por lo tanto, es probble que dichas oportunidades sea aprovechadas en otros lugares del mundo.

Por lo tanto, de aprobarse el aumento en el salario mínimo estadounidense, debiéramos estar preparados en América Latina para efectos en nuestras economías. Deberemos prestar atención a los flujos migratorios, las condiciones de vida de los inmigrantes y el flujo de remesas que vienen a nuestros países.



[1] http://www.becker-posner-blog.com/archives/2006/11/

Inmigrantes y Coyotes (II)

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

¿Por qué seguir insistiendo con este mismo tema? ¿Acaso la reciente entrada en vigencia del DR-CAFTA y la próxima visita de G. Bush no son muestras claras de un cambio en las relaciones entre ambos países? Como dice un querido amigo, filósofo por cierto: puede que sí, puede que no. Todo depende del ángulo desde donde se vea. En todo caso, no se pueden juzgar estos acontecimientos sin tomar en cuenta la oscura sombra que proyecta el muro fronterizo. Por un lado se habla de construir puentes y por el otro, en la “frontera”, se construye un muro. Un muro que separa, que distancia. Un muro que protege a quien está “dentro” de los peligros que están “fuera”. Por supuesto, peligros que, al igual que en la historia del coyote, canis latrans, los define quien tiene el poder para hablar en nombre de la ley.

El problema en lo que a nosotros respecta, no radica necesariamente en que la “cacería” ahora incluya también al inmigrante “ilegal”, sino en la aparente ausencia de límites en la forma que el “imperio” ejerce su poder. Sobre todo, cuando dicho poder se ejerce en nombre de una ley que no todos entienden ni comparten. En nombre de una ley que no cambia las condiciones reales de quienes están “dentro” y quienes están “fuera”, que no cambia los incentivos existentes para querer pasar al “otro lado”. Es difícil saber quien va a terminar ganando. El paralelismo del fenómeno de la inmigración “ilegal” con los programas de control contra el coyote, canis latrans, pareciera indicarnos que contra la naturaleza no se puede. Al igual que los caninos, los “coyotes” tradicionales, los que cruzan indocumentados, simplemente responden a los incentivos y a la necesidad de sobrevivir en un ambiente hostil. Mientras los incentivos no cambien, algo que el muro por sí mismo no puede lograr, siempre habrá quien esté dispuesto a arriesgarse. Aunque eso signifique desafiar al gobierno más poderoso sobre la tierra.

-¿Qué harán ustedes?- preguntó el reportero de la televisión mexicana. -Lo de siempre- respondió el entrevistado, con un típico acento del norte de México. -¿Lo de siempre?- insistió el reportero. –Sí, pasar gente al “otro lado”- dijo con toda naturalidad el “coyote”. - ¿Y el muro?- enfatizó el periodista -Ya veremos; si no lo podemos brincar, cavaremos túneles o abriremos boquetes - respondió el entrevistado, al más puro estilo del “no nos pueden domar”. Aunque a muchos les disguste la actitud envalentonada y arbitraria de este “coyote”, la misma no es más que el reflejo de la actitud de quienes

19 febrero 2007

El Futuro de las izquierdas

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

El siguiente artículo fue la presentación dada por el autor en el foro "El futuro de las izquierdas: del marxismo radical al tecnócrata pragmática". El mismo se realizó el 23 de agosto del 2006 en la Universidad Francisco Marroquín. Fue convocado por el Centro Ibn Khaldun y el autor estuvo acompañado por Roberto Blum, director del Centro de Ética David Hume; Francisco Fernández, director de la Escuela de Antropología de la Universidad Central de Venezuela y el moderador: David Martínez Amador, Director del Centro Ibn Khaldun.

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Antes de hablar del pasado, del presente o del futuro de la izquierda en América Latina, hay que hablar de qué significa “la derecha”, la que se supone es la contraparte y que, en última instancia, parece que es parte de nuestras preocupaciones, aunque no la mencionamos en el título del foro.

Como “derecha” solemos identificar, no la clasificación proveniente de la Revolución Francesa (conservador/revolucionario), sino aquellos grupos con actitudes a favor de la iniciativa privada frente a las actitudes a favor de un mayor control del Estado en la vida de sus ciudadanos. O en todo caso, generar políticas redistributivas hacia los pobres y hacia los ricos (de lo cual no solemos darnos cuenta). De alguna manera, estas políticas surgen desde el período Colonial, intentando escapar al control y los impuestos de la Corona y se acrecentan previo y durante la Independencia. Sin embargo, talvez sean las dichosas Revoluciones Liberales y Positivistas donde las derechas latinoamericanas surgen como fuerza política definitiva.

Esta derecha funda el Estado-nación; logra la estabilidad política exterior con los ejércitos nacionales, y, en materia económica y política, era limitadamente liberal. Esta derecha, no es una clase media que surge y que se antepone a los intereses de los déspotas y busca un equilibrio político donde se logra una verdadera democracia liberal, donde se abre la economía nacional, al comercio exterior y al comercio interior. No, para nada. Esta derecha latinoamericana, representa el trasvestismo ideológico, el cambio institucional “más conveniente” para la élite política y económica del momento, quienes se decían liberales. Una reformulación de las relaciones sociales, pero no como lo entendería una derecha que promueva una democracia liberal. De lo contrario, no sería posible comprender el surgimiento y mantenimiento de las instituciones laborales cuasi-esclavistas que se dan en esa época, como las habilitaciones o la ley de vialidad en Guatemala. Tampoco, la escasa movilidad social, por restricciones políticas, económicas y sociales.

Si ellos son los abuelos de las derechas latinoamericanas, ¿acaso no es comprensible el surgimiento de una izquierda que repudie dichas posiciones? ¿Acaso no resulta heroico, políticamente correcto, y todo lo se les ocurra, decir que uno es orgullosamente de izquierda? ¿Acaso no es fue todo el abuso anterior lo que deseaban olvidar y superar las revoluciones de izquierda en América Latina? Nosotros, suponen algunos, tuvimos la nuestra, en 1944, aunque muchos lo ponen seriamente en duda.

Pero, obviamente, su objetivo no era establecer la dichosa democracia liberal, el libre mercado y el Estado de Derecho, todo ese arsenal institucional que nos han enseñado como positivo. Talvez un poco de democracia liberal, pero en el fondo, programas como el “socialismo espiritual” o programas de industrialización encaminados a generar la industria y los obreros necesarios para la revolución socialista.

Es a partir de este punto donde la historia se empieza a convertir en gris. Los izquierdistas querían industrializar al país, para eliminar la explotación de los campesinos en los latifundios, para tener obreros (léase proletariado), ergo revolucionarios; y, para tener un grupo de presión que los defendiera del deseo de contra-revolución de las derechas. ¿Qué significaba esto último? Hacer que existiera competencia dentro de los miembros de la élite y generar beneficios económicos para que estos industriales pudieran producir. ¿Qué beneficios? Limitar la competencia interna y externa; no pagar impuestos; etc. Seguro que muchos empresarios se enamoraron de la izquierda, por no decir que uno podría encontrar una gran correlación entre la fortuna de los empresarios latinoamericanos y la protección que el Estado dio a sus empresas. Claro, eso no hizo que desaparecieran los “empresarios de la derecha”, eventualmente, ellos se convirtieron en los beneficiarios de tales medidas, dada la escasez de capital.

Conclusión sobre las derechas: su concepción del Estado suele estar vinculado con mantener estructuras políticas, económicas y sociales que limitan la movilidad social y que pretenden mantener el status-quo. Sí, libre comercio y todo eso, pero siempre que no sea en los productos que afectan mis negocios. En el caso de Guatemala ¿quién podría estar financiando a la derecha en el terreno político? Puedo imaginarme unas cuantas industrias: pollo, azúcar, leche… En todo caso, claro que necesitan un poco de las izquierdas intrasigentes para que se opongan al libre mercado y así no se le ocurra a la clase media o a los Diputados declarar un libre comercio radical.

Conclusión sobre las izquierdas: no son revolucionarias frente a esta realidad. En el fondo, buscan aprovechar el descontento de la falta de movilidad social, el descontento por lo inadecuado de la estructura política, económica y social, pero no para efectivamente penetrarla y cambiarla. En el margen, utilizar el aparato político para darles dádivas, pareciera que es suficiente. ¿Resolver sus problemas de pobreza? No. ¿Lograr individuos libres pero interdependientes? Tampoco.

En el fondo, la izquierda es necesaria para la derecha. El discurso de izquierda resulta atractivo y necesario para la derecha, porque suele interpretar el mundo desde una misma concepción del mundo, pero desde perspectivas distintas. Pensemos, ¿acaso no parecen de izquierda los discursos del FRG, de Berger, de Flores, de todos ellos?

¿Y, entonces?

Cuidado con caer con la usual descripción que ambos grupos nos están acostumbrando. Esas ideas de “ricos y pobres”, o de “trabajadores y empresarios” son insuficientes, inadecuadas, para comprender nuestra realidad. ¿Cuántos empresarios formales hay? ¿Cuántos trabajadores formales hay? ¿Cuántos trabajadores hay en Guatemala? ¿Cuánta gente es clase media? ¿Cuánta gente se cree pobre cuando realmente es clase media?

Hay una mayoría silenciosa.

Hay una mayoría que no está siendo representada en el sistema político, que busca cada vez más oportunidades, que está ascendiendo con cada vez más poder económico.

Hay una mayoría que podría terminar cayendo dentro del discurso de la izquierda-derecha, ante la falta de actores políticos que representen una propuesta positiva y nueva.

¿Por qué pueden tener futuro las izquierdas en América Latina? Desarrollaré tres tesis:


  1. Porque están afectando la manera de interpretar la historia y la actualidad, haciendo que tengan mayor oportunidad de ganar espacios políticos.

“La introducción de la máquina a la producción avivó más el hambre de ganancias de los capitalistas. Cargaron con más trabajo a los obreros, con jornadas de trabajo más largas, de 16 y 18 horas. Se introdujo el trabajo de las mujeres, las niñas y los niños, pagándoseles menos”.

Esta descripción proviene de un pequeño librito titulado “El neoliberalismo”, publicado por la Asociación Equipo Maíz de El Salvador.

Me pregunto en qué paraíso terrenal estarán pensando ellos que existía previo a la invención de las máquinas, como para que la gente no tuviera que trabajar todavía muchísimo más para lograr sacarle frutos a la tierra o al mar.

Al mismo tiempo, me preguntó ¿qué interpretación alternativa les estamos ofreciendo nosotros sobre la historia? O, ¿es que acaso fue así? ¿Acaso la historia no necesita ser interpretada?

  1. Porque están empezando a hacer algo inusitado: que el Gobierno, aunque sea, a nivel local, funcione.

En el caso de Guatemala, la Revolución de Octubre de 1944 trajo la “institucionalización del Estado”, pero al mismo tiempo, ello conllevó a la fragmentación haciendo que finalmente el Estado sea, cada vez más, una organización infuncional. A ello sumémosle eventos mal encaminados pero con buenas intenciones, como cuando se decidió que todos los jueces de paz tenían que ser abogados… ¿qué hizo nuestra Constitución con este colapsara porque no existía, ni existe, la capacidad de atraer tantos abogados como jueces de paz, haciendo implosión el sistema, situación que aun vivimos.


Ante este escenario, ¿qué han empezado a hacer varios grupos de izquierda? Empiezan a hablar de temas como “auditoría social” y están logran resultados sorprendentes. Claro, no todo el que habla de “auditoría social” es de izquierda; pero usualmente, en estos círculos académicos “lliberales” (o libertarios o similar), no se nos enseña a vigilar, controlar, fiscalizar la labor del Estado. Se nos enseña a rechazar sus iniciativas; no ha minimizar los problemas que puede ocasionar; no a ser prácticos. Me pregunto yo si esto se debe a que, en el fondo, estamos inmersos dentro del problema usual de las derechas latinoamericanas: pensamos desde las élites económicas liberales que siempre han desdeñado al Estado, excepto cuando obtienen algún privilegios económicos de él y poder político, y por lo tanto, nunca hemos comprendido el liberalismo como un mecanismo, por sobre todo político, para cambiar el equilibrio político a favor de la naciente clase media y generar movilidad social.

Bueno, supongamos que no nos gusta la auditoría social y que somos radicales en ese sentido de que no queremos al Estado haciendo nada de eso. Pregunto: ¿por qué no estamos enseñándole a la gente cómo podría solucionar los problemas que aquejan a sus comunidades, sin necesidad de recurrir al Estado? Si no les damos opciones, ¿por qué van a creer ellos que “el mercado lo soluciona todo?

En todo caso, ¿qué han logrado a través de la auditoría social? Logran concluir puentes que llevaban muchos años que la Municipalidad y los amigos del Alcalde seguían cobrando y que no construían; lo mismo con carreteras y otras obras.

  1. Porque están ocupando espacios políticos, no en la televisión, sino en la gente, ganándose su confianza.

En la política, mientras mayor es el nivel de desarrollo de una sociedad, mayor es la especialización y los espacios que se abren, que se generan para ser ocupado por políticos y por la opinión pública. Espacios que, no necesariamente son curules en el Congreso o puestos dentro del aparato estatal; sino es un espacio, un lugar virtual donde se realizan las interacciones sobre temas de interés de los individuos reunidos en una comunidad o sociedad.

Si la izquierda en América Latina tiene futuro ( y por lo tanto la derecha intervencionista también), es porque nosotros no nos interesamos en cuestionar sus ideas; en identificar acciones alternativas; en comunicarnos con la gente; mostrar la bondad del libre intercambio; etc… Por su parte, ellos sí lo hacen.

Talvez, lo que acabo de decir no responde al título del Foro de manera directa, pero creo que sí lo hace. Primero, nos ubica en términos de qué significa la izquierda y demuestra que la misma no se contrapone a la derecha, sino, talvez al liberalismo, lo cual no ha sido adecuadamente defendido en la arena política al día de hoy. Segundo, mi interés es mostrar que el futuro de la izquierda entre los latinoamericanos no es una cuestión mecánica que sucede sin que nosotros actuemos; en todo caso, tiene potencial de suceder, y de suceder de mil maneras, mil dolorosas maneras, si nos quedamos de brazos cruzados. Aquí señalé algunas áreas donde fallamos en actuar. Estoy seguro que hay mil más. Estoy seguro que hay mil formas en que podemos afrontar cada una de estas áreas.

Inmigrantes y Coyotes

Hugo Maul R.

Director del Área Económica

CIEN

“Nos han hecho la guerra patrullando fronteras; no nos pueden domar”, cantan Los Tigres del Norte en su famoso corrido. A la mayoría de políticos estadounidenses esto parece importarles muy poco. “Supresión-para-la-protección” es lo que siguen prometiendo. Muy pocos reconocen que “no [se] ha promovido una solución a largo plazo, sino [se] ha perpetuado un ciclo de conflictos que no tiene fin.” Casi ninguno acepta que existen “pocas justificaciones legales y económicas para continuar” esta persecución. Quienes antes fueron considerados “íconos de la cultura americana” seres “merecedores de respeto”, ahora son considerados individuos “peligrosos y de malas intenciones” por el gobierno estadounidense. Muchos intentan minimizar el “papel vital [que juegan] en mantener la salud e integridad” del sistema. Los programas de control no han podido con ellos, tampoco los rancheros armados. Antes vivían segregados, ahora “deambulan por Main Street” o por “planicies, desiertos, bosques, campos agrícolas, parques y aglomeraciones urbanas y sub-urbanas”. Un siglo de persecución ha servido para “seleccionar a los individuos más exitosos, inteligentes, adaptables y capaces de resistir los cambios”. Tal vez por eso sea que no los pueden domar.

Estas líneas de ninguna manera constituyen una apología al “delito” que tanto disgusta a muchos políticos y burócratas norteamericanos. Las partes entre comillas corresponden al reporte “Coyotes in Our Midst: Coexisting with an Adaptable and Resilient Carnivore” del Animal Protection Institute de California. Se trata de una reflexión sobre el fracaso y contradicciones del programa de control contra el canis latrans, el coyote nativo de Centro y Norteamérica. Cualquier parecido con los “inmigrantes ilegales” y con los éxitos y fracasos, pasados, presentes y futuros, de la política migratoria estadounidense, tal vez, sea una coincidencia. Coyotes e “inmigrantes ilegales” tiene mucho en común, tome en cuenta que algunas culturas indígenas norteamericanas asocian al “al coyote con la creación de la vida e incluso le atribuyen rasgos humanos”. A lo mejor, al igual que el coyote, los “inmigrantes ilegales “están [en E.U.A.] para quedarse”

12 febrero 2007

Guerra contra los Informales

Hugo Maul Rivas
Director del Área Económica
CIEN

El funcionario a cargo de la operación indicó que este es un paso más “por convertir [nos] en un país legal” y destacó que a pesar de los esfuerzos emprendidos por el organismo que dirige, “luchamos contra un enemigo al que no le conocemos la cara, pues las mafias que dirigen este negocio… son muy poderosas”. Asimismo “pidió un mayor esfuerzo y voluntad política al Estado… [para] tener más impacto… contra este delito…”. Dicho así, pareciera que se trata de algo relacionado con la seguridad nacional. ¿Quién podría dudar de la necesidad e convertirnos en un país legal? ¿De la necesidad de combatir a un enemigo al que no le conocemos el rostro? Cualquier acción se justifica en nombre de la ley, como por ejemplo que “un total de 450 mil discos compactos, 280 mil películas en formato DVD y VCD; 95 mil video juegos; 1 millón 200 mil unidades de papelería; 50 mil carátulas… fueran destruidos”.

Es fácil este tipo de lectura cuando no se depende de un trabajo informal para llevar el sustento diario a casa. Cuando no se tiene necesidad de cuestionar la legitimidad de la ley para poder sobrevivir. Sin embargo, cuando se juzga lo sucedido con los vendedores informales desde otro punto de vista, tomando en cuenta la evolución reciente del problema y sus raíces institucionales, la lectura cambia. Más que un “paso por convertirnos en un país legal” es un paso por “dar la apariencia de ser un país legal”. Más que luchar “contra un enemigo al que no le conocemos la cara” es una guerra contra “personas trabajadoras a las que queremos ignorar”. No sólo habría que decir que “las mafias que dirigen este negocio son muy poderosas”, sino aceptar también que esa es la razón por la cual resulta más fácil “perseguir al eslabón más débil de la cadena”. Solicitar “un mayor esfuerzo y voluntad política al Estado… [para] tener más impacto… contra este delito” debería entenderse como “perseguir, lastimar, golpear y expoliar a trabajadores honrados”.

A pesar de las coincidencias con el caso guatemalteco, las partes entrecomilladas del primer párrafo se refieren a la posición oficial del Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (SENIAT). Institución que la semana pasada, al igual que nuestro gobierno, le declaró la guerra a la “piratería”. Queriendo negar con sus acciones que la verdadera “revolución” consiste en generar más y mejores empleos, no en transformar a personas trabajadoras en delincuentes.

Reforma Financiera: Otra Vez

Hugo Maul Rivas
Director del Área Económica
CIEN

Los problemas que ha vivido el sistema financiero han causado gran revuelo dentro de los círculos políticos, académicos, empresariales, sociales, etcétera. Todos ofrecen colaborar para superar la situación actual. Como muchas otras veces, no falta más de un político que ofrezca cuestiones muy difíciles, sino imposibles, de cumplir. Otros de ellos, con una visión electoral de más largo plazo, ofrecen trabajar para mejorar el marco legal que rige al sistema financiero. Los tecnócratas reclaman mejores y más poderosas herramientas para realizar su trabajo, aduciendo, algunas veces con razón, que los instrumentos legales a su alcance les impiden hacer un mejor trabajo. Algunos banqueros, quizá los más preocupados por los problemas recientes, ofrecen colaborar con los reguladores para garantizar un mejor funcionamiento del sistema financiero y fortalecer la posición del sistema. Muchos de los analistas, la mayoría de ellos honestamente preocupados, ofrecen todo tipo de consejos para reformar el marco institucional vigente.

Según parece, no hay mal que por bien no venga. Todas estas muestras de colaboración seguramente abrirán una ventana de oportunidad para promover “profundas reformas” al marco legal vigente. Sin querer ser “ave de mal agüero”, lo mismo sucedió después de los problemas financieros de 1999. En ese entonces, eventos parecidos a los que hoy vivimos detonaron una “profunda reforma” financiera. La cual, según quienes la promovieron, iba a dotarnos de un marco legal a prueba de problemas. Claro está, no faltará quien diga que así fue, y que sostenga que la regulación vigente ha permitido un manejo magistral de la situación. Incluso me atrevo a apostar que más de alguna universidad extranjera, tipo Harvard, por decir un nombre, publique muy pronto un documento mostrando lo bien que se manejo todo pero, por supuesto, insistiendo en la necesidad de “modernizar” la legislación.

Dadas las similitudes con el año de 1999 y la reforma que seguramente se vendrá, algunas de las sugerencias de aquel momento vuelven a tener vigencia. Por ejemplo, recordar que “si bien la crisis puede ser una oportunidad para avanzar aceleradamente en [la reforma], se recomienda proceder con cautela”. Asimismo, tomar en cuenta que “una regulación orientada a promover la confianza en la solidez del sistema… puede resultar en excesivas barreras de entrada y facilitar la cartelización de la oferta”. Y sobre todo, “debe tenerse en cuenta que… los reguladores pueden beneficiarse produciendo privilegios para las entidades financieras a costa del bienestar general. En tal sentido, habría que reformar los sistemas actuales para que los reguladores afronten más directamente las consecuencias de sus acciones”. Ojalá hayamos aprendido la lección.

MUNICIPIOS ORIENTADOS AL DESARROLLO

Verónica Spross
Directora del Área Social
CIEN

Los desafíos que enfrentan los municipios en la actualidad son bastante amplios. Tienen a su cargo temas como la introducción de agua potable, saneamiento ambiental, recolección y disposición de basura, mercados, mantenimiento de las calles, pavimentación o adoquinamiento, ornato, sistema de transporte, ordenamiento vial, recreación y deporte, entre otras muchas actividades y funciones. Sin embargo, no todas tienen un impacto en el nivel de vida de la población, cuyo mejoramiento debería ser la principal preocupación de las corporaciones municipales.

Los municipios actualmente cuentan con más de 5 mil millones de quetzales si se toman en cuenta los ingresos por el aporte constitucional, el IVA-Paz, IUSI y otros que reciben los gobiernos locales actualmente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuánto de esos fondos efectivamente se utilizan para elevar las condiciones de vida de la población? ¿Se están invirtiendo de la mejor forma posible, es decir en inversiones rentables? El término rentable debe entenderse desde el punto de vista de mejoría de las condiciones económicas y sociales de la población.

La pregunta que las corporaciones municipales deben hacerse es si las obras que están haciendo o han planificado llevar a cabo están generando un mejor clima de negocios municipal para la atracción de inversiones y si están contribuyendo a mejorar los indicadores sociales de su jurisdicción, como sería reduciendo la desnutrición, aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorando la infraestructura escolar, por ejemplo.

No son justificables aquellas obras que son irrelevantes o que duplican esfuerzos realizados anteriormente. Recientemente se conoció en las noticias el caso de una corporación municipal que remodelará el parque central de su cabecera, teniendo para ello que demoler el existente, el cual estaba en buenas condiciones. Inversiones como esa deben evitarse, ya que no se percibe el beneficio real sobre la calidad de vida de los habitantes.

Por otra parte, debe trabajarse mucho en la adecuada planificación urbana e introducción de servicios básicos. Muchas poblaciones y aldeas han crecido y sus viviendas se han ampliado, pero no así los servicios que requieren, como lo mencionó un migrante de Cantel que regresó a vivir a su comunidad: Mi meta era construir mi casa y lo logré. Regresé porque quiero que mi pueblo mejore, aún siguen los problemas de agua y calles sin asfalto.

El tema de cómo mejorar la inversión municipal en la educación será abordado en un foro organizado por AED en la Ciudad de Quetzaltenango el 22 de febrero. Es importante que la responsabilidad de mejorar los servicios educativos sea asumida por todos los actores: ciudadanos, padres de familia, municipalidades, sector privado, organizaciones de servicio, fondos sociales y Ministerio de Educación. Solo trabajando para alcanzar las metas se logrará una mejor calidad en los servicios básicos. La comunidad debe estar atenta a las propuestas de trabajo de los candidatos a alcalde y buscar aquellas que propongan cómo mejorar de manera efectiva el clima para la inversión y los servicios básicos que inciden en una mejor calidad de vida con realismo y responsabilidad.

Artículos

Para aportar a la discusión sobre la problemática laboral, incluiremos algunos artículos que discuten sobre el tema.

En esta ocasión incluiremos el artículo escrito por Mario Cordero para La Hora, aparecido el 10 de enero. El título es: "Problemas laborales, implicaciones sociales del fenómeno del empleo".

http://www.lahora.com.gt/v1/imprime.php?idcontenido=3630

También incluiremos el artículo escrito por Evelyn Boche para Siglo XXI, aparecido el 9 de enero. El título es: "Empleo formal crece un 0.43%".

http://www.sigloxxi.com/index.php?link=noticias&noticiaid=7875

02 febrero 2007

1999-2007: La Misma Historia

Hugo Maul Rivas

Director del Área Económica

CIEN

“Se teme que las expectativas de los agentes económicos ante la pérdida de confianza en el sistema financiero, la elevada incertidumbre acerca de la política monetaria, la falta de información y el “efecto contagio” que ha empezado a generarse entre los depositantes lleve eventualmente a una corrida bancaria...”. No se asuste. La afirmación anterior fue tomada del documento titulado “El Sistema Financiero Guatemalteco: Realidad y Perspectivas”, publicado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN- en febrero de 1999. ¡Ocho años atrás¡ Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.

Al igual que aquel entonces, nadie conoce hoy, a ciencia cierta, la situación de cada banco o financiera. Situación que influye negativamente en el ánimo de los depositantes e inversionistas. No obstante, al igual que hace ocho años, “la situación… del sistema financiero no debería forzar a tomar decisiones precipitadas… la solidez del sistema financiero parece no estar comprometida… los problemas de regulación inadecuada no deberíamos apresurarnos a concluir que más regulación es la salida. La economía tiene fundamentos sólidos”. Efectivamente, los fundamentos son sólidos en este momento: el déficit fiscal está bajo control, la tasa de inflación viene cayendo, el crecimiento económico acelerándose, el nivel de reservas internacionales es alto, etcétera. Factores que permiten a las autoridades cierto margen de maniobra en sus acciones. Sobre todo, margen para tomar acciones encaminadas a devolver la confianza a los agentes económicos. No hay que olvidar que “la credibilidad y la confianza juegan un papel primordial en situaciones como las actuales”.

Para devolver dicha confianza a los agentes económicos hacen falta muchas cosas, sin embargo, “una estrategia de comunicación adecuada, que sea creíble y que sirva para detener un potencial pánico generado por expectativas equivocadas” es primordial en estos momentos. Lo que menos se necesita es una politización del tema; mucho menos un manejo demagógico del mismo. “Para ello se requiere la coordinación entre autoridades técnicas y políticas…es recomendable que las decisiones de carácter técnico sean anunciadas por las autoridades competentes. De lo contrario… algunos anuncios… pueden generar una mayor perdida de credibilidad en el sistema”. La situación es difícil, nadie lo niega, pero todavía es manejable. Así como salimos en 1999, seguramente lo haremos esta vez. Al igual que aquel entonces, seguramente habrá un costo fiscal que afrontar. Y al igual que hace ocho años, todos juraremos que nos volverá a pasar lo mismo nuevamente. Esperemos que esta vez si aprendamos de nuestros errores.

Transgresiones de un Impío: El Programa del Adulto Mayor

Jaime Diaz
Investigador Asociado
CIEN

Se ha escuchado por más de una vez que la política requiere un poco más de “amor” que el que hoy en día se ha mostrado. Otras veces se ha dicho que la solidaridad debe predominar sobre cualquier otro valor. Sin embargo, los propulsores de estos estandartes “moralistas” en la vida política terminan siendo sanguijuelas que reinan en la iniquidad (aunque éste no sea su propósito). Por esta razón el siguiente documento tiene por nombre las transgresiones de un impío: este documento se inspira en aquellos personajes de la vida pública y política que han demostrado demasiado “amor” en sus discursos, pero sus hechos no han permitido más que pobreza y dolor. No está dedicado a alguien en concreto, pero sí es un traje demasiado amplio que le permite a varias personalidades tallarle lo suficiente bien. No es el deseo de este documento herir susceptibilidades, sino construir una serie de argumentos (que desean y gritan por ser comentados y criticados) que construyan un diálogo alrededor de la política del seguro social en Guatemala.

El “Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor” puede ser una piedra más que atenta en contra de la institucionalización en Guatemala. Las instituciones de seguridad social que han sido diseñadas por el Estado hasta el día de hoy no han resuelto la incertidumbre que los guatemaltecos afrontan respecto a su situación económica en el futuro. Peor aún, han causado los efectos contrarios: crisis financieras, pensiones “de hambre”, escándalos de corrupción, procesos burocráticos (y antihumanos), entre otros problemas. Esta situación ha llevado al desencanto, por parte de los mismos usuarios (y espectadores), traduciéndose en un fracaso de los sistemas de seguridad social en Guatemala. Por irónico que suene, hoy en día en Guatemala se acaba de inaugurar un nuevo sistema de previsión social. Ante esta situación surge una serie de interrogantes como las siguientes:

  • ¿Realmente las necesidades de Guatemala requieren un nuevo sistema de seguridad social?
  • ¿Es genuina nuestra inquietud moral de ser solidarios con la vejez?
  • ¿Una pensión resuelve todos los problemas que afronta la vejez?
  • ¿Es el sistema propuesto el adecuado para resolver el problema planteado?
  • ¿Es legítima la intención del político al apoyar estas medidas?

Dado que hoy abundan las opiniones pero se carece de respuestas concretas a estas preguntas, el siguiente documento gira alrededor de una crítica al programa propuesto con el fin de promover el diálogo. A continuación se mostrará un documento que describirá de forma breve las principales debilidades y desafíos del Programa del Adulto Mayor de cara a la realidad guatemalteca. Este análisis se basará en el Decreto 85-2005 el cual le da vida a este programa y el Decreto 39-2006 modificándolo para cumplir con las garantías constitucionales necesarias.

1. Pecado 1: imprudencia

Los sistemas de seguridad social no deberían ser diseñados en calidad de urgencia. Es necesario pensarlos un poco más. No es posible que ante la presencia de una crisis (nueva, vieja, recurrente, existente o inventada) de los distintos programas de seguridad social en Guatemala se cree uno nuevo. Antes de tratar de resolver problemas que aparentemente son nuevos y urgentes, es necesario reflexionar sobre los resultados que hemos tenido en ocasiones similares y en las cenizas que nos han dejado las políticas propuestas con anterioridad. Este problema se hace más duro cuando el futuro que está en riesgo es el de los ancianos en situación de pobreza.

Siendo concretos, los regimenes de seguridad social en Guatemala no son más que un camino de arenas movedizas que los trabajadores están obligados a cruzar. Si hoy en día se reconoce que varios de los distintos sistemas están en crisis y en una situación vulnerable, entonces: ¿es lógico pensar en agregar un nuevo sistema de seguridad social? Dado el ambiente que reina en este aspecto, tal parece que somos un país demasiado inmaduro para sugerir estas propuestas. Y es que los desequilibrios financieros que estos sistemas afrontan son recurrentes y ponen en riesgo los futuros ingresos de los trabajadores pasivos. Por ejemplo, el Instituto de Previsión Militar –IPM- ha necesitado de una erogación de Q. 65 millones (que representa el 50% del pago total de jubilaciones) para cumplir con las obligaciones de éste régimen (ver el siguiente link). Asimismo, el Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia del IGSS –IVS- ha manifestado su interés en modificar sus parámetros ante un posible desequilibrio financiero del sistema (ver el siguiente link). Aún siendo un régimen pequeño el del Programa del Adulto Mayor, ¿estamos conscientes de lo que ésta acción significa? ¿Qué recomendaciones haremos cuando exista un desequilibrio financiero? ¿Qué les diremos a los ancianos que viven en pobreza cuando no podamos pagar sus pensiones porque el Estado no “diseñó” bien este sistema?

La pregunta más relevante debería ser la siguiente: ¿Qué hicimos de distinto para cambiar el rumbo de lo que se ha mostrado con anterioridad? La respuesta es: NADA. Seguimos esperando resultados distintos con los mismos (o peores) métodos. Por ejemplo, hoy en día abundan más los casos, escándalos y oportunidades de corrupción más que los análisis y estudios técnicos en temas previsionales. ¿Cuántas veces se ha realizado un estudio actuarial de cada uno de los sistemas de previsión social en Guatemala? ¿Cuántas veces se han realizado estudios sin que alguno de ellos esté en riesgo de algún desequilibrio? ¿Qué tan fácil es obtener está información para todos los usuarios? ¿Qué calidad analítica presentan los estudios que se han realizado con anterioridad? Hoy incluso es difícil de saber la información básica de cada régimen. Por ejemplo, la Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC- carece de la tecnología y registros necesarios para proveer estadísticos básicos como la densidad de los cotizantes, pensiones promedio por grupos de edad y sexo, la antigüedad promedio de los cotizantes por rangos de edad y sexo, el desglose financiero (detallado) de los ingresos y egresos del sistema, entre otros. Otro ejemplo, el IGSS carece de registros adecuados por trabajador respecto a los años y montos que ha cotizado a lo largo de su vida laboral. Si no se muestra un cambio o una actitud diferente, no podemos esperar más que otro descalabro de un sistema de seguridad social.

2. Pecado 2: Saña

Cuando comience a funcionar el Programa del Adulto Mayor las personas ancianas y pobres crearán una dependencia de los ingresos que devenguen de este sistema. Esto modificará la acción de cada usuario del sistema. Es decir, la existencia de este programa cambia los incentivos de los ancianos (en pobreza) esperando mes a mes un mínimo vital de ingresos. Sin embargo, al analizar detalladamente la estructuración, los alcances y las limitantes de este programa, tal pareciera que este sistema de incentivos es creado con crueldad y saña en contra de los ancianos que el programa pretende cubrir.

¿Qué garantías ofrece esta nueva opción para pensar lo contrario? Hagamos una breve reflexión: primero, este programa deja en manos de otras instituciones (altamente cuestionables) los aspectos más cruciales de su funcionamiento. Por ejemplo, el artículo 3 del decreto 39-2006 indica que los beneficiarios, por concepto de invalidez, de este programa deben ser certificados por Directores de Hospitales Nacionales, Centros o Puestos de Salud. La interrogante es la siguiente: ¿Habrán evaluado la capacidad que hoy en día tienen estas organizaciones para emitir dichos certificados? Si en caso no lo hicieron: ¿Realmente tendrán esta capacidad? Lo más irónico de la situación es que este decreto fue aprobado unos meses después de una extensa huelga por parte de los médicos del sistema de salud público, poniendo en evidencia las debilidades que el sector hoy en día adolece. Conociendo la labor de varios de los médicos guatemaltecos, en el futuro se estarán vendiendo los certificados de salud en cualquier clínica (tal como se hace con los exámenes de vista para obtener la licencia de conducir o los certificados médicos que algunos trabajadores utilizan para excusarse de faltar al trabajo).

Otro ejemplo que se une a este problema se encuentra en el artículo 6 Bis del decreto 39-2006, donde se establece que la dependencia responsable del programa es la Dirección General de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS). Dicho anteriormente, si hoy en día la mayoría de regímenes de seguridad social afrontan una crisis sistémica, caracterizada por desequilibrios financieros, por mala administración del sistema y por escándalos de corrupción, entonces cómo puede esperarse que las cosas cambien esta vez. En otras palabras, ¿qué garantías se ofrecen para pensar que el MTPS mostrará resultados diferentes en esta oportunidad?

¿Habrá sido saña o los legisladores habrán estado cegados a estas realidades? Es mejor pensar lo segundo. Es preferible creer que los congresistas confiaron ciega y apasionadamente en las instituciones que han mostrado resultados deficientes con anterioridad. Ahora bien, no por esto hay que callar y dejar el futuro de los “pobres” ancianos guatemaltecos en un sistema tan riesgoso como pasar el Niágara en bicicleta.

Debo dejar claro que es cuestión de ser fatalista. No se está afirmando que este programa esté determinado para su fracaso. Sin embargo, sí se afirma que hoy en día sus bases descansan sobre instituciones que han demostrado su poca capacidad de cumplimiento. Esto a su vez genera un incentivo peligroso para los beneficiados de éste programa, que estando en una situación vulnerable cambiarían sus expectativas motivadas a tomar acciones más riesgosas.

3. Pecado 3: Envidia

Contrario a lo que se declara cuando se propuso este programa, este sistema está diseñado para reducir la solidaridad y aumentar la envidia. ¿Cómo es posible que una persona sin cotizar ni un centavo a lo largo de su vida laboral pueda devengar más en concepto de pensiones que una que sí lo ha hecho? La propuesta de este sistema es dar una pensión a aquella persona que es pobre y no ha cotizado a los sistemas de seguridad social, permitiéndole ganar una pensión más alta que la pensión mínima que hoy en día están ofreciendo los sistemas de seguridad social que ya existen. Por ejemplo, hoy en día el IVS puede permitir pensiones que sean menores a los Q400 que ofrece el Programa de Apoyo al Adulto Mayor. ¿Quién tiene más culpa, el trabajador por desear el ingreso del ciudadano guatemalteco que nunca contribuyó a estos sistemas pero gana más que él o las personas que apoyaron este tipo de sistemas?

No es de asustarse después de ver las distorsiones que generan los sistemas contributivos que hoy en día existen. Hoy los sistemas de seguridad social no pueden ser más heterogéneos, estar más segregados y ser inconsistentes entre ellos. Primero, no existe equidad horizontal a lo largo de los distintos sistemas de pensiones: un trabajador con las mismas características laborales puede ganar distintas pensiones dependiendo del sistema de previsión social al que cotice. Esta situación no fuera un problema si el trabajador pasivo hubiese tenido alternativas para depositar su dinero donde quisiera. El problema surge cuando el Estado impone un sistema para cada trabajador según su “clase” (funcionario público de la Universidad de San Carlos, funcionario público del Banco de Guatemala, militar, trabajador privado en relación en dependencia, entre otros), dejándole sin alternativa alguna para seleccionar el programa que más se adecue a sus necesidades. Segundo, es evidente que existe una gran heterogeneidad en las pensiones devengadas. Por ejemplo, un trabajador pasivo puede llegar a ganar desde Q340 (en el Programa de Vejez, Invalidez y Sobrevivencia del Instituto de Seguridad Social Guatemalteco –IVS-, por ejemplo) hasta Q18,000 (como sucede en el Instituto de Previsión Militar –IPM-).

Por último, al comenzar a funcionar el programa del adulto mayor, es de esperar que los tres millones de guatemaltecos que hoy en día están formando parte de la Población Económica Activa y que no cotizan a algún seguro social estén próximamente pidiendo una pensión. Asimismo, el ganador sería la economía informal, incrementando aún más su magnitud. Esto también tendría efectos sobre la organización del Gobierno, ya que existiría mayor presión para incrementar los ingresos de éste régimen e incrementar el trabajo, en un programa que en sus inicios se consideró como pequeño, inofensivo y altamente solidario. Asimismo, éste programa generaría ganadores en el terreno público como los médicos que emitirán sus certificados, para las empresas que realicen estudios socioeconómicos y para los tramitadores (que habrán escapado de las Aduanas para incorporarse a tramitar pensiones) que llenen los formularios y hagan los proceso para los más de tres millones de ancianos desprotegidos (sí, los que hoy en día se encuentran laborando en la desprotegida economía informal).

4. Pecado 4: Negligencia

Al observar los parámetros del sistema, se pone duda de su capacidad para ser sostenible a lo largo de su vida. Sin embargo, pareciera ser más negligencia de parte de las personas que incentivaron este sistema que ingenuidad o ignorancia. Primero, éste programa inició siendo un sistema no contributivo, donde ni siquiera se había definido sus fuentes de financiamiento. Segundo, es de esperar a los reglamentos correspondientes para conocer la forma en la cuál se pondrá a funcionar este sistema. Sin embargo, existen grandes expectativas sobre cómo podrán controlar que realmente apliquen ancianos que nunca han contribuido al sistema, que los pensionados sean realmente personas que se encuentran en situación de pobreza y, por último, que el uso de los recursos sea transparente y sea el más eficiente.

Es más, pareciera que éste programa fue diseñado para mantener un pequeño grupo privilegiado, separado de la población que “pretende” cubrir. Para esto es necesario observar los sectores que tendrán poder para la toma de decisiones fundamentales del programa. En el Decreto 39-2006 se establece una comisión consultiva integrada por un titular de la Dirección de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, un representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dos representantes de la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de la Tercera Edad, dos representantes de la Asociación Nacional de Clases Desprotegidas. La conformación de esta comisión es una prueba de la negligencia de los congresistas que apoyaron esta ley, por las siguientes razones:

1. Es cuestionable la legitimidad de los representantes incluidos en esta comisión. Insto al lector que pregunte a las personas ancianas que suelen frecuentar los semáforos o esquinas congestionadas por el tráfico pidiendo limosnas si conocen o han escuchado algo de la Asociación Nacional de Clases Desprotegidas o la Asociación Nacional de Hombres y Mujeres de la Tercera Edad. Mejor aún, pregúntenle qué beneficios les han proporcionado estas instituciones y estoy seguro que en su mayoría las respuestas brillarán por la ausencia de conocimiento o beneficios. Ahora me pregunto si estas instituciones tendrán alguna capacidad de representación y serán capaces de cubrir las necesidades de la población más vulnerable a nivel nacional: las personas ancianas indígenas aisladas del estado guatemalteco refugiadas en el área rural y etiquetadas por algunos demagogos del poder como “los marginados”. Quisiéramos creer que si, pero la realidad pareciera apuntar hacia otra parte.

2. Se duda de la verdadera capacidad consultiva de esta comisión. Por ejemplo, qué facultades tienen para demostrar que son las instituciones más adecuadas para brindar una opinión efectiva respecto a los problemas financieros, para brindar apoyo a la interpretación de los estudios actuariales, para evaluar el gasto público y para dar un seguimiento íntegro al funcionamiento de este programa. Tal pareciera que esta junta directiva responde más a las necesidades de un cuchubal político más que a las de un programa de asistencia (autosostenible) para las clases desprotegidas.

5. Pecado 5: Avaricia

Algunas personas salieron hablando en los medios de comunicación en los últimos días afirmando que el Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor no era un problema real para el Estado de Guatemala, ya que constituía un rubro de egresos demasiado pequeño. En otras palabras, se pudo haber interpretado de la siguiente forma: el Estado de Guatemala tiene un gran potencial para recaudar recursos que éste rubro de egresos no es importante. Si se buscara mejorar la calidad de vida de estos ancianos entonces se podría juzgar (bajo el mismo paradigma que los que propusieron este programa) que el Estado de Guatemala es avaro. Es iluso creer que con Q400 al mes puede elevar las condiciones de vida de un anciano, dejar la pobreza y alimentar a su familia si es que tiene. Más pareciera que en lugar de ser un régimen de seguridad social, se está promoviendo un sistema oficial de limosnas programadas. Perdón si esta última frase ofendió a alguien, pero tal pareciera que estas son las motivaciones que fundamentan el programa del adulto mayor. Lo más irónico de todo es que este tipo de medidas sean apoyadas y defendidas (muchas veces apasionadamente a capa y espada) cuando a nivel nacional se carece de una unidad social y de una fácil comunicación entre distintos sectores.

6. Pecado 6: “NOMBRELO USTED”

Si la ingenuidad fuera un pecado, este sería el subtítulo para esta sección. Ahora bien el pecador no sería el congresista o el político que apoyo o estuvo en contra de esta motivación. Sino el que cree rotundamente que este tipo de políticas se pueden realizar técnicamente desde las áreas económicas, financieras, actuariales y sociales. Es decir, personas como el autor de este documento serían los pecadores.

Hoy el programa del adulto mayor resuelve un equilibrio político y NO una necesidad real y concreta. Tal parece que el mercadeo político está cobrando auge (lo cual no critico, ya que puede servir para solucionar restricciones de información) y hoy vende la pobreza y la vejez para hacer campaña política.

Siendo pragmáticos, sí ganar votos era el objetivo, entonces es probable que los congresistas apoyaron esta ley hicieron bien sus cálculos. Veamos algunos argumentos de las genialidades realizadas por los funcionarios:

1. Es una política prometedora y que abarca a un gran segmento de posibles votantes. Si el 75% de la PEA es informal y del 25% restante hay un porcentaje adicional que no está insertado en algún régimen de seguridad social, entonces existe un caudal potencial de votos que esperarían recibir un “milagroso y solidario” ingreso en su edad de vejez. ¿No está mal un caudal político de más de 3 millones de personas?

2. Para el político es un sistema barato. La expectativa de vida de los beneficiarios de este sistema (los ancianos pensionados) es más grande que la de los funcionarios que apoyaron esta medida en sus puestos políticos.

3. Es un tema sensible y atractivo para la media nacional. ¿Quién no quiere ver a todos los ancianos en condiciones buenas y de bienestar?

4. Ni los diputados ni grupos importantes de funcionarios políticos aportarán algún centavo a este programa (¿no es la solidaridad un deber de todos?). Sólo los trabajadores dependientes, que son el motor de la economía formal, serán aquellos que sostengan el programa propuesto.

5. Es posible que esta medida no sólo sea para atraer votos, sino para incentivar la creación de empresas (viva el desarrollo económico impulsado por nuestros políticos). Por eso no es de asustarse si en algunos años vemos a alguno de estos políticos que apoyaron el programa administrando los fondos del ahorro previsional, montando una empresa que emite estudios socioeconómicos, o peor aún, volando hacia otro país, prófugos de la justicia buscando la impunidad en cualquier otra parte. Incluso, es posible que veamos alguno en el futuro devengando una pensión digna, porque su carrera política no fue lo suficientemente prometedora para generarle ingresos que le mantengan vivo en la vejez.

6. Parte de la población que sí aporte al programa puede ser insensible a lo que le signifique en su presupuesto (si la cuota puede tomar valores alrededor de 0.6% a 1% del ingreso del cotizante). Como bien dijo nuestro Presidente: “La iniciativa es muy justa y necesaria, y hay que apoyar con una PEQUEÑA contribución”.

7. Si no hay recursos entonces mejor hay que endeudar al país. Claro esta medida será pagada por los futuros contribuyentes o las futuras inversiones en el país, pero muy poco afectará a la elite política que hoy está en el poder.

7. ¿Es posible revertir esta medida?

El tiempo y los futuros equilibrios políticos lo dirán. Sin embargo, es necesario hacer énfasis en lo que debería pensarse y discutirse respecto al sector de seguridad social. A continuación, se muestra una serie de puntos e interrogantes que deben discutirse si realmente se desea ayudar a este sector de la población.

1. ¿Existe una necesidad legítima para apoyar este grupo de la población? Las medidas de seguridad social son recientes. Comparado con los miles de años de historia, los regímenes de seguridad social son relativamente jóvenes. Algunos países han logrado una mejora social al incluir estos sistemas. Sin embargo, otros han sufrido descalabros de su mala implementación (insto a analizar lo que ha sucedido en Latinoamérica y las razones del porque han cambiado en México y en algunos de los países de Centroamérica). Peor aún, sociedades que valoraban la unidad y la producción de riqueza intergeneracional terminaron destruyendo las instituciones que hacían funcionales estos objetivos al implementar estos programas. El individualismo mostrado en los países de occidente se explica en parte por el auge y funcionamiento de la seguridad social.

2. Es cierto, en Guatemala existe una población anciana que está sufriendo las consecuencias de la pobreza y actualmente no tiene los mecanismos para salir de ella. Si el objetivo es atacar esta situación, entonces ¿es el programa propuesto la única forma para tratar de resolver este problema? ¿Es el único y más urgente problema previsional a nivel nacional? ¿Qué otras medidas pueden tomarse para solucionar esta situación? Al responder estas preguntas es importante resaltar que es posible encontrar otros problemas similares (IVS, CPCE, IPM, entre otros) y también se pueden encontrar alternativas para solucionar este problema (sistemas de contribución definida, sistemas nocionales de reparto, sistemas mixtos de previsión social, entre otros). Es evidente, necesitamos continuar el diálogo y el debate en el sector. Es necesario aclarar cuál es el problema de fondo y cuál debiera ser la solución que necesita Guatemala.

3. Es necesario dar seguimiento al proceso político que se está formando tras esta reforma. El programa del adulto mayor es un sistema de funcionamiento perpetuo que afectará, tanto estas generaciones como las futuras por venir. Esta situación debería estar incentivando a todo guatemalteco a insertarse en el debate y a crear una opinión al respecto. Es necesario definir posiciones y aceptar que solamente a través del proceso político es plausible que pueda existir un cambio a este nivel social propuesto.

Es cierto, se necesita corazón para poder impulsar estas políticas. Después de comprender que las políticas sociales después de una negociación (racional) por parte de los distintos grupos de poder, en un ambiente de incertidumbre y por medio de un proceso político, entonces todo argumento retórico de la solidaridad, el cariño y la compasión es sumamente débil. Lo único que se alcanzaría al darle continuidad a esta línea de discusiones es generar un espacio lo suficientemente ambiguo para discutir temas económicos y sociales de relevancia. Es decir, se estaría empañando el debate y el diálogo, entorpeciendo cada vez más el desarrollo de las instituciones guatemaltecas.