Ley de Acceso a la Información

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

La semana pasada, el pleno del Congreso entró a conocer la denominada Ley de Acceso a la Información Pública. En medio de la turbulencia de los escándalos de transparencia del Organismo Legislativo, la ley no pudo llegar en mejor momento. Es hora de que los diputados se “laven la cara” frente a la ciudadanía y procedan a aprobar dicha iniciativa.

Nuestra Constitución Política ya contempla que es libre el acceso a la información pública. Sin embargo, es típico que los funcionarios públicos no le pongan atención a los requerimientos de los ciudadanos y en especial los de la prensa nacional. Por ejemplo, recientemente, el mismo Diputado Meyer, hoy ex presidente del Congreso, no deseaba dar a conocer el listado del personal bajo su cargo; mucho menos sus remuneraciones. Aparentemente, en ese y tantos otros casos, los ciudadanos no teníamos una figura legal para operativizar el cumplimiento de la Constitución.

Eso es, supuestamente, lo que busca esta iniciativa de ley: “darle dientes” a la Constitución. La Ley de Acceso a la Información contempla penas de prisión de entre uno a tres años y multas de entre Q50,000 a Q250,000 para los funcionarios que cometan el delito de “retención de información”. De llegarse a aprobar esta iniciativa, posiblemente será el único y más importante avance en materia de la transparencia de la gestión pública. Todas las entidades públicas y las privadas que manejen fondos del Estado estarían en obligación de cumplirla. Lo cual quiere decir que deberán mantener su información pública al día y, salvo la información confidencial, tendrán la obligación expresa de darla a conocer cuando les sea requerido.

La ley por sí sola no es garantía de nada. Hay tantas leyes en Guatemala que no son cumplidas por los funcionarios públicos que corremos el riesgo de que ésta sea una más de ellas. La diferencia la haremos los ciudadanos en general y los medios de comunicación en particular. Son los medios de comunicación quienes, por la naturaleza de su actividad, tendrán que apoyarse en esta pieza legal. De ellos dependerá primordialmente exigir que la ley se cumpla a cabalidad. Hasta ahora, la perseverancia y la investigación habían dominado la denuncia de irregularidades. Ahora se podría hacer con todo el peso de esta ley.

Parecería casi una contradicción en sí misma que un órgano del Estado tan poco transparente, como lo ha sido el Congreso de la República, vaya a publicar una ley que obliga a mejorar su transparencia. Sin embargo, en los próximos días veremos si eso se convierte en una realidad. La coyuntura reciente de un alto desprestigio institucional ayuda. Y puede también ayudar a mejorar la imagen del Congreso. Publicar una ley que promueve la transparencia será bienvenida por todos los ciudadanos.