Empresarios indígenas criminales

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

El racismo y la discriminación son categorías de interpretación que resultan importantes para el medio académico y político guatemalteco. Incluso el CIEN, a partir de la palabra “exclusión” ha buscado interpretar una serie de fenómenos que podrían catalogarse como “racismo de Estado” o políticas públicas que explícita e implícitamente establecen reglas desiguales y que, por tanto, se convierten en obstáculo para el desarrollo económico, social y político de los grupos que afrontan esta desventaja jurídica.

El problema de los análisis usuales sobre racismo y discriminación es que muchas veces no son integrales, no se llega a las últimas consecuencias del análisis. Por lo mismo, podemos ver en el espectro político guatemalteco gente que lucha en contra del racismo de la sociedad y el Estado guatemalteco, pero que en sus discursos, puede incluso terminar apoyando políticas públicas que son, de forma velada pero de consecuencias claras, racistas.

Un ejemplo de dichas políticas públicas es el salario mínimo.

Ya sé, muchos lectores en este momento creerán que estoy desvirtuando la importancia del racismo y que es un “intento neoliberal por evadir el tema”. No es así. Déjenme explicar mi argumento.

Hace algún tiempo recuerdo oír a Álvaro Pop subrayar que existe una coincidencia asombrosa entre los mapas de pobreza y los mapas donde existe una mayor densidad de población indígena. Esto no es de extrañar, debido a que el Estado de Guatemala lleva más de 130 años perjudicando a esta población, aprovechándose de su poder coercitivo para expoliarlos.

Ahora bien, la pobreza y las diferencias culturales no son un obstáculo para que surja la empresarialidad. Todo lo contrario, son fuente de empresarios tenaces, con visiones e interpretaciones del mundo distintas, novedosas, capaces de cambiar el curso de los mercados. Sin embargo, a pesar de toda esa creatividad y determinación, hay un problema.

Hay un problema con los empresarios indígenas pobres. Un problema grave, un problema terrible. SON CRIMINALES.

¿Por qué son criminales? ¿Acaso no velan por su familia? ¿Acaso no respetan las costumbres de sus comunidades? ¿Acaso no cumplen con los contratos orales y escritos en los que se involucran? ¿Acaso no son buenos empresarios? Sí velan por su familia. Sí respetan las costumbres de sus comunidades. Sí cumplen con sus contratos y las reglas de los mercados donde venden. Sí son excelentes empresarios.

¿Por qué son criminales?

Porque el Estado de Guatemala dice que son criminales.

Debido a que en los lugares de elevada pobreza la gente no tiene un elevado número de herramientas, es decir capital, su productividad es baja. Debido a que dicha productividad es baja, no pueden pagar elevados salarios. Esto hace que no logren pagar el salario mínimo a sus trabajadores. Aunque tuvieran el corazón más grande del mundo, el negocio simplemente “no saldría”.

Bueno, pues he aquí una norma racista, que discrimina a los empresarios pobres indígenas frente a los empresarios ladinos de clase media y alta.

Debido a la baja productividad de estos trabajadores pobres indígenas, son muy pocas las empresas “del gran capital” que se instalarán en estos lugares. Por lo tanto, la generación de empleo en esas zonas depende de pequeñas empresas de “escasa inversión en capital”. Sin embargo, es la misma ley la que estaría prohibiendo la generación de estos empleos, condenando a las comunidades indígenas en pobreza a mantenerse así: pobres.