Algunos límites de nuestro marco legal

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

La sociedad guatemalteca ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Podríamos mencionar algunos de los principales cambios: 1) el ensanchamiento de la clase media a lo largo del país; 2) la inmigración de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos, lo cual implica una fuga empresarios y trabajadores y la generación de remesas; 3) la apertura comercial, académica y política del país, lo cual ha promovido la introducción de diversos esquemas mentales, propuestas políticas y formas de vivir; 4) un sistema político más tolerante a la diversidad, menos violento y con garantías legales y prácticas importantes a la libre expresión del pensamiento y a la asociación ciudadana. Cambios importantes que, a pesar de lo lento de otras mejoras, hemos construido los propios guatemaltecos.

Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar que la sociedad guatemalteca haya cambiado? Porque eso implica la necesidad de revisar las reglas de juego con nuestras autoridades para mejorar el funcionamiento de nuestro país. En específico, la preocupación de este artículo es señalar la necesidad de tomar en cuenta que la actual Constitución Política de Guatemala estuvo muy centrada en resolver la coyuntura de la persecución política que se vivía producto del enfrentamiento armado, lo cual implicó que el sistema jurídico guatemalteco estaba diseñado para evitar abusos del Estado en contra de opositores políticos.

Este esquema institucional generó una serie de garantías procedimentales que evitaban dichos abusos. Sin embargo, ante una reducción importante de la violencia política, hoy algunos de esos procedimientos podrían ser un obstáculo para la sociedad guatemalteca. Un ejemplo de ello es que la Constitución debilita el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como limito el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, al modificar el funcionamiento de los juzgados de paz. Se trata de modernizar al país con la legislación, pero tras más de veinte años, nos damos cuenta que las instituciones públicas no han estado a la altura de los mandatos constitucionales, afectando así a la población, pues la mayoría de las veces no encuentra justicia. Estos problemas se incrementan en la medida que las PYMES y el interior del país cada vez más se convierten en una fuente importante de desarrollo para Guatemala

Por otro lado, hay otros temas que la Constitución previó, pero no les dio la importancia jurídica necesaria para impulsar el tema. Los mecanismos de control de la calidad del gasto público es uno de ellos. El enfoque de la Constitución fue principalmente orientado a la fiscalización de los recursos financieros, lo cual dejó de lado un tema que hoy en día es cada vez más importante.