Algunos límites de nuestro marco legal

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

La sociedad guatemalteca ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Podríamos mencionar algunos de los principales cambios: 1) el ensanchamiento de la clase media a lo largo del país; 2) la inmigración de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos, lo cual implica una fuga empresarios y trabajadores y la generación de remesas; 3) la apertura comercial, académica y política del país, lo cual ha promovido la introducción de diversos esquemas mentales, propuestas políticas y formas de vivir; 4) un sistema político más tolerante a la diversidad, menos violento y con garantías legales y prácticas importantes a la libre expresión del pensamiento y a la asociación ciudadana. Cambios importantes que, a pesar de lo lento de otras mejoras, hemos construido los propios guatemaltecos.

Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar que la sociedad guatemalteca haya cambiado? Porque eso implica la necesidad de revisar las reglas de juego con nuestras autoridades para mejorar el funcionamiento de nuestro país. En específico, la preocupación de este artículo es señalar la necesidad de tomar en cuenta que la actual Constitución Política de Guatemala estuvo muy centrada en resolver la coyuntura de la persecución política que se vivía producto del enfrentamiento armado, lo cual implicó que el sistema jurídico guatemalteco estaba diseñado para evitar abusos del Estado en contra de opositores políticos.

Este esquema institucional generó una serie de garantías procedimentales que evitaban dichos abusos. Sin embargo, ante una reducción importante de la violencia política, hoy algunos de esos procedimientos podrían ser un obstáculo para la sociedad guatemalteca. Un ejemplo de ello es que la Constitución debilita el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como limito el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, al modificar el funcionamiento de los juzgados de paz. Se trata de modernizar al país con la legislación, pero tras más de veinte años, nos damos cuenta que las instituciones públicas no han estado a la altura de los mandatos constitucionales, afectando así a la población, pues la mayoría de las veces no encuentra justicia. Estos problemas se incrementan en la medida que las PYMES y el interior del país cada vez más se convierten en una fuente importante de desarrollo para Guatemala

Por otro lado, hay otros temas que la Constitución previó, pero no les dio la importancia jurídica necesaria para impulsar el tema. Los mecanismos de control de la calidad del gasto público es uno de ellos. El enfoque de la Constitución fue principalmente orientado a la fiscalización de los recursos financieros, lo cual dejó de lado un tema que hoy en día es cada vez más importante.

Atrayendo el capital más difícil

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

Necesitamos atraer más inversión para generar un mayor crecimiento económico. Por un lado, incrementa el tamaño, el ingreso de la clase media guatemalteca y la hace sostenible; además, como parte de la política social, permite la reducción de la pobreza. Además, no podemos seguir dependiendo del crecimiento del consumo guatemalteco a través de las remesas. No por indeseables, sino por lo inestable. De hecho, las remesas, según algunos estudios, han sido las principales encargadas de reducir la pobreza en el país entre el año 2000 y el 2006. Sin embargo, el tambaleo actual de la economía norteamericana, la perspectiva de una política migratoria cada vez más restrictiva y la pérdida de lazos familiares de los migrantes son factores importantes que limitan ese modelo de desarrollo. Necesitamos que el crecimiento se genere en la misma Guatemala.

Mucha de la discusión se ha orientado a atraer mayores inversiones físicas o proyectos productivos determinados. La apuesta por impulsar las concesiones, que se realizó en el Gobierno pasado, es un ejemplo. Ahora, que los principales opositores de esa propuesta están haciendo Gobierno, talvez las cosas cambien, pues el mismo Gobierno las está abanderando. En cuanto a proyectos productivos determinados, la agenda de competitividad promovida por PRONACOM, es un esfuerzo importante. La detección de las oportunidades en la exportación de servicios es un indicio que Guatemala puede tener un gran futuro atrayendo inversión extranjera para desarrollar estos mercados.

Sin embargo, creo que es necesario SER MÁS AGRESIVOS. El principal generador de riqueza en la economía moderna no es la tierra, el capital financiero o las grandes empresas con increíbles inversiones en maquinaria. Eso es importante, pero no es suficiente. En la economía de hoy, lo más importante está en la cabeza de cada persona. Sus valores, sus actitudes, sus conocimientos, su creatividad, su capacidad de relacionarse con otras personas. Todo esto, se denomina capital humano. Por eso, talvez valdría la pena pensar las políticas de inversión en donde privilegiemos este capital.

Creo que vale la pena promover una política activa de atracción de europeos y norteamericanos profesionales para que vengan a trabajar a Guatemala. Esto podría fomentarse dentro del marco del DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Establecer programa para que ambos socios comerciales apoyen la transferencia tecnológica y de capacidades laborales mediante el establecimiento de becas laborales con tres fines: venir a apoyar proyectos productivos de gran escala; generar redes de negocios con estos países; y, ofrecer capacitación y educación a jóvenes técnicos y profesionales guatemaltecos.

La propuesta no es nueva. Guatemala la promovió durante el siglo XIX. Tuvo grandes beneficios y generó algunos problemas. Valdrá la pena aprender de nuestros errores y más aun, aprender de nuestros éxitos pasados.

Seguridad es Empleo

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

Menciono, de forma modificada, uno de los slogans de la campaña electoral pasada porque creo que es importante mantener la atención en las políticas de seguridad que están implementando nuestras autoridades. Centrados en la coyuntura del incremento de precios, pareciera que otros temas se nos escapan de la atención, como si pudiéramos fácilmente postergarlos.

Hoy más que nunca, con los problemas de los precios crecientes que afectan la economía familiar, es que debemos de mantener nuestra atención en los problemas de seguridad del país, pues son uno de los costos más importantes que las familias, de manera directa o indirecta, están absorbiendo. Por un lado, están las familias que pagan directamente el costo, a través de “impuestos de guerra”, extorsiones, robos, secuestros, heridas y muertes. Por otro lado, están las familias que pagan el costo de la violencia de forma indirecta a través de menores ingresos producto de la violencia, debido a que realizan menos negocios que antes o de los que podrían hacer en condiciones más favorables.

Respecto a este último problema, el pagar el costo de la violencia con menores ingresos, es importante que reconozcamos que los principales afectados son las familias de clase media. Este grupo social suele ser muy empresarial, generador importante de ingresos, pero suele carecer de mecanismos adecuados para afrontar la violencia: recursos financieros suficientes para contratar servicios de seguridad o una adecuada organización comunitaria para afrontar, entre todos, la inseguridad que viven día tras día.

Quiero mencionarles un ejemplo. Hace dos semanas, la señora que me cortó el pelo me contó que llevaba 2 años de trabajar en ese lugar, el cual le gustaba mucho. Sin embargo, al preguntarle más sobre su vida laboral, me contó que ella antes de trabajar allí era empresaria. Durante muchos años tuvo un pequeño salón en su casa, para atender a muchas de las personas que vivían en su colonia y sus alrededores. Ser empresaria le traía muchas ventajas: ganaba mucho más; era dueña de su tiempo; y, además, trabajando en casa podía cuidar a sus hijos.

Sin embargo, la violencia empezó a llegar a su colonia. Las maras empezaron a extorsionar negocios a pocas cuadras de su negocio, pidiéndoles no menos de Q.5,000 al mes. Siendo negocios pequeños y medianos, este tipo de pago resultaba imposible para muchos, pero se veían en la necesidad de hacerlo, ante el miedo de sufrir daños. Ella, antes que llegaran las extorsiones a su negocio, que era a la vez su hogar, prefirió cerrarlo. Por eso, desde hace dos años trabaja como empleada: ganando menos, con un horario fijo y trabajando lejos de sus hijos, los cuales ahora viven en una colonia cada vez más peligrosa.

El Estado contra el Estado

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

En Guatemala, el Estado suele entrar en conflicto consigo mismo, debilitando su institucionalidad. Recientemente hemos sido testigos de dos hechos que lo evidencian, en donde las Municipalidades se enfrentan con otros órganos del Estado de Guatemala. Por un lado, el 7 de mayo los alcaldes de 70 Municipios del suroccidente del país acudieron al Congreso de la República en rechazo la aplicación de la Ley del Registro Nacional de las Personas (RENAP). Por otro lado, el 25 de abril se dio un enfrentamiento entre la Policía Municipal de Tránsito (PMPT) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Ambos eventos evidencian las actuales debilidades del Estado guatemalteco, el cual se muestra incapaz de disciplinarse bajo sus mismas normas. Los Alcaldes buscan escapar al cumplimiento de la normativa para instalar al RENAP, aduciendo que no se consultó a la población; el trámite es engorrosos y costoso; y, se atenta contra la “autonomía municipal”. En cuanto a la PMT la misma no pudo consignar al agente de la PMT, debido a que fue bloqueada por un grupo numeroso de la PMT. Por su parte, la PMT argumentó abuso de autoridad de la PNC.

Los conflictos anteriores podrían llevar a muchos a creer que no es conveniente la descentralización, pues las autoridades están constantemente en conflicto. Sin embargo, la descentralización debe seguir apoyándose. Mientras más cerca está el proveedor del servicio, mayor retroalimentación obtiene de la población de cómo está realizando las acciones. Si la autoridad es proba, se dará cuenta que ganará el apoyo de la población si realiza los cambios correspondientes para satisfacer a la población. En Guatemala hay evidencia de ello en salud y educación, pues PRONADE y los puestos de salud han mostrado mejores resultados que otros programas, más centralizados, y por ello, más alejados de la población.

Ahora bien, lo anterior no significa que la descentralización siempre se justifica. Países como Guatemala requieren llevar a cabo procesos de reforma política y allí es donde la fragmentación del Estado, promovida por argumentos como la “autonomía municipal”, son incorrectos. Si bien RENAP podría ser inadecuado por lo costoso (tema que podría solucionarse), se podrían obtener grandes beneficios al eliminar la discrecionalidad de las Municipalidades con la emisión de cédulas de vecindad. Esto sería de gran ayuda para el sistema electoral (para reducir los fraudes), pero también para el sistema financiero, pues habría más certeza de la identidad de los deudores (lo cual podría ayudar a fomentar más el crédito).

En cuanto al enfrentamiento entre la PNC y la PMT, el problema no es la “autonomía municipal”. Para la ciudadanía, ambas instituciones cuentan con problemas en su credibilidad. Ninguna es confiable porque no existen mecanismos adecuados para que ambas rindan cuentas ante la población y se evite el abuso de ambas. Por eso, las opiniones de la población tiende a atacarlas; incluso a alegrarse por el enfrentamiento ocurrido. Por mi parte, creo que el enfrentamiento debe servirnos como punto de inflexión para apostar por la mejora de ambas instituciones.