Algunos límites de nuestro marco legal

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

La sociedad guatemalteca ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Podríamos mencionar algunos de los principales cambios: 1) el ensanchamiento de la clase media a lo largo del país; 2) la inmigración de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos, lo cual implica una fuga empresarios y trabajadores y la generación de remesas; 3) la apertura comercial, académica y política del país, lo cual ha promovido la introducción de diversos esquemas mentales, propuestas políticas y formas de vivir; 4) un sistema político más tolerante a la diversidad, menos violento y con garantías legales y prácticas importantes a la libre expresión del pensamiento y a la asociación ciudadana. Cambios importantes que, a pesar de lo lento de otras mejoras, hemos construido los propios guatemaltecos.

Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar que la sociedad guatemalteca haya cambiado? Porque eso implica la necesidad de revisar las reglas de juego con nuestras autoridades para mejorar el funcionamiento de nuestro país. En específico, la preocupación de este artículo es señalar la necesidad de tomar en cuenta que la actual Constitución Política de Guatemala estuvo muy centrada en resolver la coyuntura de la persecución política que se vivía producto del enfrentamiento armado, lo cual implicó que el sistema jurídico guatemalteco estaba diseñado para evitar abusos del Estado en contra de opositores políticos.

Este esquema institucional generó una serie de garantías procedimentales que evitaban dichos abusos. Sin embargo, ante una reducción importante de la violencia política, hoy algunos de esos procedimientos podrían ser un obstáculo para la sociedad guatemalteca. Un ejemplo de ello es que la Constitución debilita el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como limito el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, al modificar el funcionamiento de los juzgados de paz. Se trata de modernizar al país con la legislación, pero tras más de veinte años, nos damos cuenta que las instituciones públicas no han estado a la altura de los mandatos constitucionales, afectando así a la población, pues la mayoría de las veces no encuentra justicia. Estos problemas se incrementan en la medida que las PYMES y el interior del país cada vez más se convierten en una fuente importante de desarrollo para Guatemala

Por otro lado, hay otros temas que la Constitución previó, pero no les dio la importancia jurídica necesaria para impulsar el tema. Los mecanismos de control de la calidad del gasto público es uno de ellos. El enfoque de la Constitución fue principalmente orientado a la fiscalización de los recursos financieros, lo cual dejó de lado un tema que hoy en día es cada vez más importante.

El socio más importante

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

Las empresas que operan en Guatemala tienen un socio que, todos los años, toma casi una tercera parte del patrimonio de sus propietarios. Este socio no aportada un centavo de capital pero tiene derecho a revisar hasta el último número de la compañía. Nunca contribuye con ideas nuevas pero, si se le da la gana, puede arbitrariamente aumentar lo que se lleva o cobrarle multas y recargos. Le llaman “fisco” y la pregunta del millón es: si no contribuye con nada, ¿para qué sirve?

Entre los siglos octavo y décimo, los mercaderes musulmanes adoptaron una práctica comercial que, posteriormente, se “globalizaría”. Los italianos la llamaron commenda. Consistía en que un socio (con capital) se aliaba con otro (sin capital) para realizar un viaje ida y vuelta con mercadería. Hoy en día, una exportación e importación no nos parecen nada emocionantes. Sin embargo, en esa época, la labor era muy peligrosa. Por ello, el socio sin capital corría con el riesgo de dirigir la expedición y, si ésta resultaba exitosa, podía conservar el 25% de las utilidades. El otro 75% le correspondería al socio que no viajó pero que puso su capital en riesgo.

Algo parecido pasa con la tasa de Impuesto Sobre la Renta y el IETAAP que pagan las empresas guatemaltecas. Hoy en día el Estado de Guatemala pretende un 30% de sus utilidades, supuestamente, a cambio de “servicios públicos”. El problema es que mientras el retorno sobre los impuestos es bajísimo y el costo de oportunidad de prescindir de ese capital tiene un costo social altísimo.

Está claro que la situación de seguridad que este régimen heredó es grave. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, la única función legítima de un gobierno (seguridad y justicia) se ve comprometida en la medida que el presupuesto de gastos de la nación y las acciones impulsadas por el propio presidente, no reflejan que ello es su prioridad. Lamentablemente, se está haciendo lo “fácil”: “redistribuir” el presupuesto (supuestamente) entre los más pobres, sin entender que la situación de inseguridad agrava la pobreza de todos los ciudadanos.

Si el gobierno no redirecciona el presupuesto para fortalecer las únicas dos funciones por las cuales se crearon los estados (seguridad y justicia) estaremos teniendo que convivir con el peor de los socios que las empresas puedan tener. Uno que no contribuye a que el viaje sea un éxito; que sólo toma una parte del patrimonio para repartirlo (ojalá) entre los más pobres; que tampoco promueve un ambiente para generar más riqueza y que, peor aún, cada año exige más sobre la excusa de que lo que recibe no le alcanza…

Por lo tanto, una reforma tributaria que no solucione esos problemas debe ser rechazada porque simplemente es más de lo mismo. Y esa reforma viene del lado del gasto, no del ingreso.

La Primera Dama

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

Las personas que la conocen se llevan una buena primera impresión. La describen como sincera, fuerte y con un alto interés en trabajar por su país. Sandra Torres demuestra que no tiene nada que ver con la campaña de calumnias orquestada en su contra. ¿Entonces? ¿Cuál es el problema con las funciones que ha asumido la “primera dama”? Hay dos potenciales fuentes de conflicto.

La primera la admitió el Presidente Colom a los periodistas: es difícil decirle “no” a la esposa. Todos los maridos nos identificamos con su dilema. Se han escrito libros sobre las dificultades del trabajo entre parientes. Es difícil evaluar, objetivamente, el desempeño de familiares. Más difícil aún, tener que prescindir de sus servicios si fuera necesario. Estoy seguro que el Presidente prefiere pelearse con Mario Taracena que con su esposa.

El segundo no es específico de la Sra. Torres sino que se aplica a todo aquel funcionario público con aspiraciones presidenciales. ¿Con qué criterio se usarán los fondos públicos? Lógicamente, prevalecerá el de la futura rentabilidad político electoral por encima de cualquier otro criterio. En ambos conflictos, el potencial perjudicado somos los ciudadanos.

Sandra Torres no es una “primera dama” común y corriente. Es evidente que ella tiene una agenda política personal y un peso político fuerte en su partido producto de su trabajo. Sus aspiraciones van mucho más allá de las de las “primeras damas” que le precedieron. Pareciera que Hillary Clinton o Cristina Kirshner son los modelos a seguir en sus legítimas aspiraciones presidenciales.

Pero, para ello, la Sra. Torres necesitaría acumular suficiente experiencia política. La Secretaría de Obras Sociales de la Presidencia se quedaría corta con ese nivel de aspiración. Por otra parte, el llamado Consejo de Cohesión Social le permitiría tener el nivel de experiencia buscado mediante una fórmula interesante: tiene la autoridad para disponer de dos millardos de quetzales y “coordinar” las funciones de varios ministros sin tener responsabilidad directa (política o legal) de los resultados o de la ejecución final de los fondos en caso se presentase algún problema.

Solamente el tiempo nos podrá decir si los mencionados conflictos se llegan a materializar. La inédita situación de una “primera dama” con tanto poder hará que la gestión de la Sra. Torres capture un mayor interés de la opinión pública. Esto es bueno porque quizás ayude a disminuir los conflictos. Está por verse, entonces, si el fenómeno de “de primera dama a Presidenta de la República” se reproduce también en Guatemala.

Carga tributaria en campaña

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

Ya comenzó oficialmente la campaña. En una entrevista de prensa, Alvaro Colom estimó que nuestra carga tributaria debería ser entre 24% y 28% “para llegar a tener el Estado que queremos”… Lejos quedó la mágica cifra de los acuerdos de paz en donde la meta era del 12%. En época pre-electoral, el que más promete será el que más votos obtenga…

Si usted divide el monto de la recaudación de impuestos entre el tamaño de la economía (PIB), el resultado se llama “carga tributaria”. A todos los políticos les interesa demostrar que la carga tributaria de Guatemala es “baja”. Lógico. ¿Conoce usted a algún político que prometa gastar menos antes de andar viendo cómo gasta más? No, ¿verdad? Por definición, al político le urge recaudar más impuestos para poder gastar más y “demostrar sus obras”. Para los políticos, los problemas de Guatemala siempre se resuelven gastando más.

Por supuesto que no sólo prometen gastar más sino que además prometen que lo gastarán mejor. En palabras de Colom, a cambio del aumento en la carga tributaria, los ciudadanos deberíamos de esperar “salud total, educación total, seguridad total”. Pues, sigamos esperando porque, según el Ministerio de Finanzas, en los últimos 11 años, el presupuesto de salud y asistencia social se ha más que quintuplicado; el presupuesto de educación, ciencia y cultura se ha quintuplicado y el de seguridad interna se ha multiplicado por seis. ¿Será que la calidad de nuestra salud se ha quintuplicado? ¿Que la calidad de la educación o de la seguridad se han multiplicado por cinco o seis? ¿No? Todos nuestros gobernantes han progresivamente gastado más pero la calidad de los servicios estatales no ha mejorado significativamente... ¿entonces?

Esa ha sido la evidencia histórica. Todos los políticos prometen lo mismo y Alvaro Colom no es la excepción. Ni bien se había terminado de publicar su reciente visita a la Cámara de Comercio, en donde prometió que no iba a subir los impuestos, y el domingo recién pasado conocemos de sus intenciones de llevar la carga tributaria al ¡28%! ¿Entonces? ¿A qué Alvaro Colom le creemos? ¿Al que no elevará impuestos o al que pretende recaudar casi cien mil millones de quetzales en impuestos para llegar a su nueva meta de carga tributaria? ¿Cómo hará para más que triplicar la recaudación?

Promesas de campaña… y no hay que ser tan ingenuo como para creer ninguna de ninguno. Pero hay promesas de promesas. Desde la perspectiva ciudadana, prometer elevar la carga tributaria es inútil porque no garantiza mejores servicios. Sólo garantiza lo que a los políticos tanto les interesa: gastar más. Y más gasto es siempre más oportunidad de corrupción.

MUNICIPIOS ORIENTADOS AL DESARROLLO

Verónica Spross
Directora del Área Social
CIEN

Los desafíos que enfrentan los municipios en la actualidad son bastante amplios. Tienen a su cargo temas como la introducción de agua potable, saneamiento ambiental, recolección y disposición de basura, mercados, mantenimiento de las calles, pavimentación o adoquinamiento, ornato, sistema de transporte, ordenamiento vial, recreación y deporte, entre otras muchas actividades y funciones. Sin embargo, no todas tienen un impacto en el nivel de vida de la población, cuyo mejoramiento debería ser la principal preocupación de las corporaciones municipales.

Los municipios actualmente cuentan con más de 5 mil millones de quetzales si se toman en cuenta los ingresos por el aporte constitucional, el IVA-Paz, IUSI y otros que reciben los gobiernos locales actualmente. La pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuánto de esos fondos efectivamente se utilizan para elevar las condiciones de vida de la población? ¿Se están invirtiendo de la mejor forma posible, es decir en inversiones rentables? El término rentable debe entenderse desde el punto de vista de mejoría de las condiciones económicas y sociales de la población.

La pregunta que las corporaciones municipales deben hacerse es si las obras que están haciendo o han planificado llevar a cabo están generando un mejor clima de negocios municipal para la atracción de inversiones y si están contribuyendo a mejorar los indicadores sociales de su jurisdicción, como sería reduciendo la desnutrición, aumentando la cobertura de agua potable y saneamiento, mejorando la infraestructura escolar, por ejemplo.

No son justificables aquellas obras que son irrelevantes o que duplican esfuerzos realizados anteriormente. Recientemente se conoció en las noticias el caso de una corporación municipal que remodelará el parque central de su cabecera, teniendo para ello que demoler el existente, el cual estaba en buenas condiciones. Inversiones como esa deben evitarse, ya que no se percibe el beneficio real sobre la calidad de vida de los habitantes.

Por otra parte, debe trabajarse mucho en la adecuada planificación urbana e introducción de servicios básicos. Muchas poblaciones y aldeas han crecido y sus viviendas se han ampliado, pero no así los servicios que requieren, como lo mencionó un migrante de Cantel que regresó a vivir a su comunidad: Mi meta era construir mi casa y lo logré. Regresé porque quiero que mi pueblo mejore, aún siguen los problemas de agua y calles sin asfalto.

El tema de cómo mejorar la inversión municipal en la educación será abordado en un foro organizado por AED en la Ciudad de Quetzaltenango el 22 de febrero. Es importante que la responsabilidad de mejorar los servicios educativos sea asumida por todos los actores: ciudadanos, padres de familia, municipalidades, sector privado, organizaciones de servicio, fondos sociales y Ministerio de Educación. Solo trabajando para alcanzar las metas se logrará una mejor calidad en los servicios básicos. La comunidad debe estar atenta a las propuestas de trabajo de los candidatos a alcalde y buscar aquellas que propongan cómo mejorar de manera efectiva el clima para la inversión y los servicios básicos que inciden en una mejor calidad de vida con realismo y responsabilidad.

Petén abandonado

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

¿Está el Gobierno generando las condiciones para el “desarrollo integral de Petén”? Para responderlo, analizaré el Presupuesto del Estado, el cual muestra “la voluntad” del Gobierno.

Lo primero que resalta es la DEFICIENTE planificación del Gobierno, la cual provoca una mala ejecución y un pobre impacto. Esto lo podemos apreciar en el Programa de “Desarrollo Integral del Petén” del MAGA. ¿Por qué?

Según este programa, el Gobierno se encargará de la vigilancia de plagas y enfermedades de plantas y animales. Sin embargo, esto es falso. ¿Por qué? Porque el Gobierno NO se compromete a una meta como “reducir en un 10% la incidencia de enfermedades fitosanitarias endémicas de Petén”. A lo único que se compromete el Gobierno es a elaborar 6,430 documentos.

Sí, leyó bien, a elaborar 6,430 documentos.

Pero, ¿qué relación existe entre la elaboración de documentos y la vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria? A mi entender, NINGUNA. Sin embargo, en el MAGA deben creer que mientras más imprimen documentos, menor será la incidencia de plagas exóticas.

Conclusión sobre la calidad de gasto: CERO.

Ya es tiempo de mejorar la información y la calidad de los programas orientados a Petén y, en general, a todo el país. Espero que la Junta Directiva del Congreso del 2007 lo tenga en su Agenda.