Algunos límites de nuestro marco legal

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

La sociedad guatemalteca ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Podríamos mencionar algunos de los principales cambios: 1) el ensanchamiento de la clase media a lo largo del país; 2) la inmigración de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos, lo cual implica una fuga empresarios y trabajadores y la generación de remesas; 3) la apertura comercial, académica y política del país, lo cual ha promovido la introducción de diversos esquemas mentales, propuestas políticas y formas de vivir; 4) un sistema político más tolerante a la diversidad, menos violento y con garantías legales y prácticas importantes a la libre expresión del pensamiento y a la asociación ciudadana. Cambios importantes que, a pesar de lo lento de otras mejoras, hemos construido los propios guatemaltecos.

Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar que la sociedad guatemalteca haya cambiado? Porque eso implica la necesidad de revisar las reglas de juego con nuestras autoridades para mejorar el funcionamiento de nuestro país. En específico, la preocupación de este artículo es señalar la necesidad de tomar en cuenta que la actual Constitución Política de Guatemala estuvo muy centrada en resolver la coyuntura de la persecución política que se vivía producto del enfrentamiento armado, lo cual implicó que el sistema jurídico guatemalteco estaba diseñado para evitar abusos del Estado en contra de opositores políticos.

Este esquema institucional generó una serie de garantías procedimentales que evitaban dichos abusos. Sin embargo, ante una reducción importante de la violencia política, hoy algunos de esos procedimientos podrían ser un obstáculo para la sociedad guatemalteca. Un ejemplo de ello es que la Constitución debilita el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como limito el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, al modificar el funcionamiento de los juzgados de paz. Se trata de modernizar al país con la legislación, pero tras más de veinte años, nos damos cuenta que las instituciones públicas no han estado a la altura de los mandatos constitucionales, afectando así a la población, pues la mayoría de las veces no encuentra justicia. Estos problemas se incrementan en la medida que las PYMES y el interior del país cada vez más se convierten en una fuente importante de desarrollo para Guatemala

Por otro lado, hay otros temas que la Constitución previó, pero no les dio la importancia jurídica necesaria para impulsar el tema. Los mecanismos de control de la calidad del gasto público es uno de ellos. El enfoque de la Constitución fue principalmente orientado a la fiscalización de los recursos financieros, lo cual dejó de lado un tema que hoy en día es cada vez más importante.

Expectativas, realidades y la CICIG

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

La CICIG es reflejo de la mediocridad que nos aqueja a todo nivel. Ante nuestra incapacidad e incompetencia para ser dignos de tener una nación, recurrimos a Naciones Unidas – ONU - para que nos saque la grave tarea del crimen y la impunidad. Estamos en la misma situación del chiriz que cree que aprenderá matemáticas porque su papá le hace la tarea…

Ojala que la CICIG llene las infladas expectativas que han creado en la población los que tan vehementemente promovieron su creación. Ojala que un puñado de funcionarios de ONU venga a hacer, en poco tiempo, lo que nosotros hemos sido incapaces de lograr. Me parece que los que apoyaron la CICIG han demostrado una gran ingenuidad engañando sistemáticamente a los ciudadanos creando expectativas inalcanzables. Las cosas no cambiarán con la CICIG por la misma razón que el patojo no aprenderá matemáticas. Ni siquiera será, como ya comenzaron a matizarlo, un “primer buen paso”. Solamente los guatemaltecos podemos cambiar nuestra realidad. Ninguna nación se ha construido haciendo outsourcing con la ONU.

El más grande experimento contemporáneo en materia de “construcción de una nación” – Iraq - con trillones de dólares gastados en 4 años ha demostrado que, sin la unidad, el valor y la participación de los ciudadanos no se logra nada. Eso es lo que nos hace falta a los guatemaltecos y tampoco lo obtendremos de la CICIG…

Es irónico que, gracias a la prensa, todos sepamos quiénes son los personajes involucrados en el crimen organizado. Obviamente, no necesitamos CICIG para conocer esa realidad. El problema es ¿qué Policía Nacional los captura, qué Ministerio Público presenta las pruebas, qué sistema judicial los condena y qué sistema penitenciario los mantiene presos impidiéndoles continuar delinquiendo? El mandato de la CICIG (recabar pruebas y hacer denuncias, entre otras), por si sólo, no cambiará realidad alguna. Quizás hasta será peor porque ahora entraremos en la zona de comfort y nunca haremos nuestra tarea.

La impunidad de Guatemala se acabará cuando se reúna un grupo suficientemente grande de ciudadanos que conjuguen su liderazgo y la oportunidad para que, desde el poder, decidan cambiar esas instituciones. Y mejorará cuando más ciudadanos participen directamente en ese cambio y tengamos la suficiente inteligencia de exigir continuidad a nuestros políticos. Así cambian las naciones: cuando sus ciudadanos asumen (no delegan) su responsabilidad. Si somos incapaces de hacer eso, tampoco seamos tan ingenuos como para creer que, de todas las instituciones del mundo, la ONU nos sacará la tarea…

¿En qué está el MP?

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

La gestión de Juan Luis Florido como Jefe del Ministerio Público – MP - corre el riesgo de quedar marcada por uno de los hechos, aparentemente, menos relevantes, pero más simbólicos de su administración: la forma como el MP trató el caso Trejo.

¿Se recuerda del chofer de autobús que, en defensa propia, mató a un criminal con diez ingresos a la cárcel cuando éste lo asaltaba junto con otros tres ladrones? Pues, de acuerdo a los reportes de prensa, el MP solicitó se le condenara a la pena máxima. Así como lo ve: ¡la pena máxima! ¿Por actuar en defensa propia?

Como era de esperarse, al conocerse semejante situación, hubo un importante levantamiento de opinión pública a favor de Trejo. El tribunal, luego de privarlo de libertad por casi un año, terminó absolviéndolo. Algunos creen que “se hizo justicia”. Yo creo que se corrigió una gran injusticia. Trejo no era un criminal como los que matan chóferes todos los días. Trejo defendió su vida. Es un héroe.

Ahora resulta que, en declaraciones a la prensa, funcionarios del MP insinúan que apelarán la sentencia y continuarán con la “cruzada” por condenar criminalmente a Trejo. ¿Qué pretende el MP que dirige Florido? ¿Cuál es la razón de ensañarse en contra de un humilde chofer de bus que fue injustamente encarcelado? ¿Cómo se puede justificar que el MP gaste y haya gastado sus escasos fondos y tiempo de sus fiscales persiguiendo con saña a este honrado ciudadano? ¿Por qué no usaron y usan ese tiempo, recursos y esfuerzo en perseguir a los verdaderos criminales?

El Jefe del MP y sus fiscales nos están enviando un mensaje preocupante: “aquel que se defienda del crimen será perseguido como el peor de los criminales. Mientras tanto, los peores criminales pueden dormir tranquilos, el MP estará velando porque sus derechos humanos no vayan a ser violados cuando la ciudadanía honrada se atreva a defender”. Vaya mensaje… pero es cierto porque los hechos hablan más que las palabras.

Alguien pensará que el Jefe del MP tiene otros casos más importantes que atender comparado con uno de cientos de asesinatos “de bajo impacto” que ocurren en Guatemala. Tienen razón. Pero este caso en particular es de “alto impacto” en la moral de los ciudadanos. Si la policía nacional es incapaz de protegernos y el MP se va a ensañar en contra de la ciudadanía por defenderse; estamos aún peor de lo que creíamos. Juan Luis Florido debe salir públicamente y darnos las explicaciones de este caso y de la forma como su gente va a seguir tratando casos similares. Hoy es Trejo. Mañana puede ser cualquiera de nosotros.

Dobles víctimas

José Raúl González Merlo
Miembro Junta Directiva
CIEN

La delincuencia en Guatemala ya es insoportable como para que el Ministerio Público – MP – y los tribunales de justicia la agarren en contra de las víctimas de los criminales. Prensa Libre resaltó la semana pasada el caso de José Natividad Trejo, chofer de bus que, en el ejercicio de su legítima defensa, ha permanecido injustamente encarcelado acusado de homicidio.

La nota resalta que en Noviembre de 2005 el bus que manejaba Trejo fue asaltado por cuatro criminales con armas hechizas. En defensa de su persona y de sus bienes, Trejo mató a uno de ellos con el arma que portaba legalmente. Como “el que nada debe, nada teme”, permaneció en la escena esperando que llegaran las autoridades. Al arribar la policía, lo primero que hicieron fue arrestarlo y enviarlo a prisión. Un año y medio más tarde, los mal llamados “tribunales de justicia” lo mantienen injustamente encarcelado destruyendo su ya precaria economía familiar. El sistema judicial guatemalteco ni siquiera le permitió salir libre bajo fianza para que pudiera seguir ganándose la vida honradamente.

El caso llora sangre. ¿En qué planeta viven el MP y el sistema judicial guatemalteco? Tan sólo en lo que va del año, veintiún pilotos del transporte urbano han sido asesinados. ¿Acaso hay el mismo número de capturados esperando sentencia? No, ¿verdad? El único capturado es el chofer que tuvo el valor y la oportunidad de defenderse matando a un criminal que tenía diez ingresos a la cárcel. Quiere decir que el MP está más ocupado acusando víctimas que ladrones y que los tribunales están más dedicados a encarcelar inocentes que criminales consuetudinarios.

Con ese nivel de “eficiencia”, no nos debe extrañar que la gente se tome la justicia por su propia mano en la forma de “limpieza social” y linchamientos. La pregunta del millón es ¿por qué no se le aplica a Trejo “todo el peso de la ley” del artículo 24 del Código Penal? Precisamente el artículo que habla de una de las causas que eximen la responsabilidad penal: “Legítima defensa: quien obra en defensa de su persona, bienes o derechos, o en defensa de la persona, bienes o derechos de otra, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor.”

Este emblemático caso es una desgracia para los ciudadanos honrados, para el MP y para el Organismo Judicial. El MP debe solicitar la suspensión del juicio y retirar los cargos. Los tribunales lo deben dejar en libertad. Mientras esto no ocurra, el caso Trejo es una vergüenza nacional. Trejo debe estar libre. Es un héroe. No un criminal.