Importando Recetas

Hugo Maul Rivas
Director del Área Económica
CIEN

Según dicen los promotores de la reforma tributaria y una “élite de expertos internacionales”, la misma se hace necesaria para situar a Guatemala en la “modernidad” y alcanzar los estándares internacionales en la materia. Aunque no puede negarse la importancia de importar ciertas prácticas e instituciones de fuera, también es necesario reconocer que hay una necesidad de generar instituciones que “se ajusten” a las necesidades y características de Guatemala. Copiar instituciones de otros países ha sido la respuesta común y corriente, haciendo caso omiso del papel que juegan los grupos de interés, la congruencia y armonización con el resto del marco jurídico, el papel de las instituciones informales y la capacidad institucional para hacer cumplir la nueva legislación. Ahora bien, negar la posibilidad de importar leyes, instituciones, estándares o principios no significa que en Guatemala no se cumplan ciertos principios políticos, económicos y sociales que suelen darse regularmente en otras sociedades, sino reconocer que no existe un conjunto “único” e “ideal” de reformas que nos va a permitir alcanzar un resultado. En el presente caso, la reforma tributaria es una de las tantas formas mediante las cuales pueden alcanzarse los objetivos deseados.

La dificultad para importar instituciones y el éxito de arreglos institucionales diversos apunta en la dirección de tener en cuenta el marco institucional, formal e informal, pre-existente. En el papel se puede cambiar todo de un plumazo, reformar a la sociedad desde el escritorio de un funcionario público. En la realidad todo es distinto. La mentalidad de “importar instituciones” e introducir “las mejores instituciones” genera puntos ciegos que no permiten darnos cuenta de la posibilidad de generar otro tipo de reformas institucionales novedosas que, adaptándose a las particularidades del país, permitan alcanzar los resultados deseados a un menor costo y con menor rechazo. Por supuesto, para las “elites internacionales” que diseñaron y apoyan la reforma tributaria, llámense BID, Banco Mundial, AID, FMI, cooperación internacional, países amigos, instituciones de investigación afines al partido oficial, etcétera, es mucho más sencillo adoptar una mentalidad de “cut and paste” de lo que ha funcionado en otros lugares que buscars soluciones que sean “segundas mejores” , las cuales a pesar de no responder ni al “ideal ultra-teórico” ni a las mejores prácticas internacional, pueden resolver efectivamente los problemas concretos que nos aquejan.

Sacrificios Fiscales

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

Dice la Superintendencia de Administración Tributaria – SAT – que las exoneraciones fiscales de la ley de maquila y de zonas francas, así como que las exportaciones no paguen IVA doméstico, representan un sacrificio fiscal de más de once millardos de quetzales. Ese fue el elemento más relevante que la prensa recogió luego de la presentación de un estudio del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales – ICEFI – sobre incentivos fiscales. Así es como nacen las leyendas urbanas ya que la cifra no puede estar más manipulada.

Lo que dice la SAT es que si las maquiladoras, las empresas que operan en zonas francas y los exportadores perdieran sus “incentivos” fiscales, el gobierno ganaría más de once millardos de quetzales adicionales de ingresos por impuestos. Vaya “sacrificio fiscal". Si la cifra le suena increíble es porque así es.

Es penoso que la SAT presente, y el ICEFI haga eco, de un cálculo tan inverosímil. Debería ser evidente que las maquilas basan su existencia, en buena medida, en la ventaja que les da la exoneración de impuestos para competir con industrias similares de otros países. Igualmente, las empresas ubicadas en zonas francas buscan una ventaja competitiva similar. Asumir que, sin la exoneración de impuestos, las respectivas industrias seguirán tan campantes es un burdo engaño. Debería ser obvio que las industrias marginales, aquellas cuya competitividad depende más de la ventaja fiscal, simplemente no podrán competir y saldrán del mercado. ¿Qué cantidad de impuestos creen que pagarán las empresas que cierren operaciones? De la misma manera, y por los mismos argumentos, la no devolución del IVA de las exportaciones provocaría una importante pérdida en la competitividad de los exportadores marginales. ¿Cuánto IVA cree que se recaudará de exportaciones que nunca se darán?

Es francamente deshonesto pretender engañar a la prensa y a la opinión pública haciéndole creer que las maquilas, las zonas francas y las exportaciones por sí solas pueden generar casi un 40% de incremento en la recaudación simplemente eliminando sus incentivos fiscales. Lamentablemente es temporada de “reforma tributaria”. Por lo tanto, es temporada de propaganda y demagogia. Estos llamados “estudios” no son una coincidencia.

Yo no creo en privilegios fiscales. Pero tampoco creo ético crear cifras para comenzar a generar falsas expectativas de las consecuencias de la nueva reforma tributaria. Es irresponsable lanzar “estimaciones” de millardos de quetzales en “recaudación perdida”. La realidad es que nadie puede saber con certeza razonable el valor del tal “sacrificio fiscal”. Estando así las cosas, tal parece que nada, mucho menos la verdad, será impedimento para que la propaganda oficial quiera “vender” el nuevo aumento de impuestos.

Hugo Maul Rivas
Director del Área Económica
CIEN

Aumentar la tasa del Impuesto sobre la Renta del 5% al 7% parece algo insignificante. Sin embargo, tal modificación equivale a un 40% de aumento respecto de la tasa existente. A pesar de todas las críticas que puedan hacerse al régimen del 5%, su operación nos enseña la importancia que tienen las tasas impositivas bajas, las amplias bases gravables y la simplicidad en el cálculo y pago del impuesto en la capacidad de recaudación de un impuesto. Y en este caso específico, la importancia de que el impuesto “se cuide a sí mismo”. En otras palabras, que los contribuyentes tengan suficientes incentivos para declarar voluntariamente sus obligaciones tributarias, sin necesidad de una supervisión constante por parte de la SAT. Usando la terminología del análisis económico de los contratos, esto es equivalente a decir que el mecanismo bajo el cual opera el impuesto incorpore un amplio “rango de auto-cumplimiento”, dentro del cual el contribuyente cumpla su parte del “contrato” sin necesidad de que la otra parte, la SAT en este caso, accione todos los mecanismos de supervisión y sanción que tiene a su disposición.

Ese “rango de auto-cumplimiento” es una función directa de la simplicidad de cálculo y pago del impuesto y, sobre todo, de la tasa del impuesto. Mientras más baja sea la tasa, más incentivos tendrán los contribuyentes a declarar todas sus rentas y evitarse problemas con la autoridad tributaria. De esa cuenta, aunque la tasa sea baja, la base sobre la cual se paga el impuesto puede ser mucho más realista y, en consecuencia, la recaudación puede ser mayor que cuando se utilizan tasas impositivas más altas. La función de la SAT, claro está, no desaparece, sino simplemente se minimiza y se circunscribe a dar lecciones ejemplares en lugar de vigilar a todo mundo. De esa cuenta, aunque el régimen general del 5% no corresponda al “Nirvana Ultra-Teórico” que muchos técnicos tienen en mente, también habría que reconocer que la SAT no puede vigilar todo el tiempo a todos y cada uno de los contribuyentes, por lo cual una dosis importante de auto-cumplimiento es crucial para la adecuada recaudación de los impuestos. Desafortunadamente, un simple aumento de 5% a 7%, que en el papel y en una visión lineal de las cosas no parece mayor cosa, podría poner en riesgo los mecanismos hasta hoy han favorecido el auto-cumplimiento por parte de los contribuyentes.

Seguridad Alimentaria

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

La seguridad alimentaria es tema de moda. El incremento en el precio de los granos básicos ha “despertado la conciencia” de muchas personas que, equivocadamente, creen que si no producimos maíz, pronto y a como de lugar, nos vamos a quedar sin qué comer. Seductora, pero equivocada y empobrecedora falacia.

Por una parte, es razonable esperar que, sin la intervención del gobierno, la producción de maíz aumente en Guatemala. Los pequeños, medianos y grandes agricultores reciben todos los días una señal: el precio del maíz subió… Cada uno de ellos hace su análisis y determina si vale la pena dejar de producir tomates (por ejemplo) para producir maíz. Y es que lo que la gente olvida es que para producir maíz hay que dejar de producir otra cosa. ¿O usted se cree esa leyenda de que hay tierras “ociosas” en Guatemala? Toda la tierra cultivable y cultivada en Guatemala ya tiene un uso productivo. Destinarlo por decreto a otra cosa que tenga un menor valor es empobrecedor para toda la nación.

Por otra parte, no se trata de producir maíz para comérselo. El productor de tomate no se come todos los tomates que cultiva así como el sastre no se pone todos los trajes que hace. El agricultor produce tomate para venderlos y ¡prosperar! Con esa prosperidad (dinero) compra entonces los alimentos que desee. El producto agrícola es el medio, no el fin. El fin es el consumo. Eso quiere decir que lo que necesitamos es prosperar cultivando y vendiendo aquello que sea lo más rentable posible. El problema surge cuando aparece alguien que dispone que maíz = seguridad alimentaria. Siguiendo ese absurdo razonamiento, los países mejor alimentados deberían ser los que han basado su desarrollo en la agricultura. Pero resulta que es al revés. Los países más prósperos son los que han dejado la agricultura para industrializarse y luego desarrollar nuevas tecnologías. Y ¿cómo garantizan su “seguridad alimentaria” entonces? Con el mejor y mayor ingreso. Así de sencillo.

En medio de nuestro subdesarrollo y pobreza, el tema de la “seguridad alimentaria” se usa como una excusa más para promover nuevas formas de “reformas agrarias”. La excusa para expropiar se ha vuelto que, a puro tubo, hay que cultivar algo que nos puede empobrecer… ¡¿Que sentido tiene cultivar maíz si nos reduce el ingreso?! La lógica y la razón dicen que, en cuanto los agricultores (pequeños, medianos y grandes) lo encuentren rentable, pasarán a cultivar maíz. Y, paradójicamente, en ese momento nos preocuparemos por la seguridad alimentaria (otra vez) porque nos preguntaremos ¿quién está produciendo tomates? Pregunta irrelevante. Lo importante es garantizar un mejor ingreso y con él, comprar los alimentos. Por ello, el concepto de “seguridad alimentaria” es tan equivocado como empobrecedor.

Algunos límites de nuestro marco legal

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

La sociedad guatemalteca ha cambiado de forma vertiginosa en los últimos 20 años. Podríamos mencionar algunos de los principales cambios: 1) el ensanchamiento de la clase media a lo largo del país; 2) la inmigración de guatemaltecos, especialmente hacia Estados Unidos, lo cual implica una fuga empresarios y trabajadores y la generación de remesas; 3) la apertura comercial, académica y política del país, lo cual ha promovido la introducción de diversos esquemas mentales, propuestas políticas y formas de vivir; 4) un sistema político más tolerante a la diversidad, menos violento y con garantías legales y prácticas importantes a la libre expresión del pensamiento y a la asociación ciudadana. Cambios importantes que, a pesar de lo lento de otras mejoras, hemos construido los propios guatemaltecos.

Ahora bien, ¿por qué es importante mencionar que la sociedad guatemalteca haya cambiado? Porque eso implica la necesidad de revisar las reglas de juego con nuestras autoridades para mejorar el funcionamiento de nuestro país. En específico, la preocupación de este artículo es señalar la necesidad de tomar en cuenta que la actual Constitución Política de Guatemala estuvo muy centrada en resolver la coyuntura de la persecución política que se vivía producto del enfrentamiento armado, lo cual implicó que el sistema jurídico guatemalteco estaba diseñado para evitar abusos del Estado en contra de opositores políticos.

Este esquema institucional generó una serie de garantías procedimentales que evitaban dichos abusos. Sin embargo, ante una reducción importante de la violencia política, hoy algunos de esos procedimientos podrían ser un obstáculo para la sociedad guatemalteca. Un ejemplo de ello es que la Constitución debilita el uso de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, así como limito el funcionamiento de los sistemas locales de justicia, al modificar el funcionamiento de los juzgados de paz. Se trata de modernizar al país con la legislación, pero tras más de veinte años, nos damos cuenta que las instituciones públicas no han estado a la altura de los mandatos constitucionales, afectando así a la población, pues la mayoría de las veces no encuentra justicia. Estos problemas se incrementan en la medida que las PYMES y el interior del país cada vez más se convierten en una fuente importante de desarrollo para Guatemala

Por otro lado, hay otros temas que la Constitución previó, pero no les dio la importancia jurídica necesaria para impulsar el tema. Los mecanismos de control de la calidad del gasto público es uno de ellos. El enfoque de la Constitución fue principalmente orientado a la fiscalización de los recursos financieros, lo cual dejó de lado un tema que hoy en día es cada vez más importante.

Ley de Acceso a la Información

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

La semana pasada, el pleno del Congreso entró a conocer la denominada Ley de Acceso a la Información Pública. En medio de la turbulencia de los escándalos de transparencia del Organismo Legislativo, la ley no pudo llegar en mejor momento. Es hora de que los diputados se “laven la cara” frente a la ciudadanía y procedan a aprobar dicha iniciativa.

Nuestra Constitución Política ya contempla que es libre el acceso a la información pública. Sin embargo, es típico que los funcionarios públicos no le pongan atención a los requerimientos de los ciudadanos y en especial los de la prensa nacional. Por ejemplo, recientemente, el mismo Diputado Meyer, hoy ex presidente del Congreso, no deseaba dar a conocer el listado del personal bajo su cargo; mucho menos sus remuneraciones. Aparentemente, en ese y tantos otros casos, los ciudadanos no teníamos una figura legal para operativizar el cumplimiento de la Constitución.

Eso es, supuestamente, lo que busca esta iniciativa de ley: “darle dientes” a la Constitución. La Ley de Acceso a la Información contempla penas de prisión de entre uno a tres años y multas de entre Q50,000 a Q250,000 para los funcionarios que cometan el delito de “retención de información”. De llegarse a aprobar esta iniciativa, posiblemente será el único y más importante avance en materia de la transparencia de la gestión pública. Todas las entidades públicas y las privadas que manejen fondos del Estado estarían en obligación de cumplirla. Lo cual quiere decir que deberán mantener su información pública al día y, salvo la información confidencial, tendrán la obligación expresa de darla a conocer cuando les sea requerido.

La ley por sí sola no es garantía de nada. Hay tantas leyes en Guatemala que no son cumplidas por los funcionarios públicos que corremos el riesgo de que ésta sea una más de ellas. La diferencia la haremos los ciudadanos en general y los medios de comunicación en particular. Son los medios de comunicación quienes, por la naturaleza de su actividad, tendrán que apoyarse en esta pieza legal. De ellos dependerá primordialmente exigir que la ley se cumpla a cabalidad. Hasta ahora, la perseverancia y la investigación habían dominado la denuncia de irregularidades. Ahora se podría hacer con todo el peso de esta ley.

Parecería casi una contradicción en sí misma que un órgano del Estado tan poco transparente, como lo ha sido el Congreso de la República, vaya a publicar una ley que obliga a mejorar su transparencia. Sin embargo, en los próximos días veremos si eso se convierte en una realidad. La coyuntura reciente de un alto desprestigio institucional ayuda. Y puede también ayudar a mejorar la imagen del Congreso. Publicar una ley que promueve la transparencia será bienvenida por todos los ciudadanos.

Inflación: ¿Batalla perdida?

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

La tasa de inflación de los últimos doce meses, entre mayo 2007 y mayo 2008, supera ya el 12%. La meta para el 2008 era la mitad de este valor. ¿Será posible todavía alcanzar dicha meta? Al día de hoy parece difícil. Fenómenos económicos como la inflación muestran cierto grado de “inercia”, lo cual dificulta su eliminación por completo de la noche a la mañana. Sobre todo en casos como el nuestro, en donde la inflación observada parece ser más producto de la inflación importada y el efecto de la expansión monetaria en el pasado reciente. El primero de estos efectos seguramente permanecerá por un buen rato más en el sistema. En el caso del segundo, habrá que esperar algunos meses más para que el efecto de lo sucedido el año pasado termine de impactar a la economía nacional. A pesar de lo difícil que resulta hacer pronósticos en la economía, más aún en los momentos que actualmente vive la economía nacional, todo parece indicar que es bastante factible que la tasa de inflación se mantenga por encima del 10% durante todo el año.

Ante las divergencias observadas entre la tasa de inflación y la meta de política, es bastante comprensible que las autoridades monetarias se encuentren reacias a tomar cualquier medida que pueda significar una expansión en la liquidez en el sistema. Controlar la inflación puede implicar un mayor deterioro en la actividad económica debido a los faltantes de liquidez. No controlar la inflación, aunque pudiera permitir cierto repunte en la actividad económica, tendría un costo muy alto para la población y a largo plazo no se ganaría mayor cosa. La situación es complicada, buena parte de la carestía de la vida no tiene nada que ver con las medidas del banco central como tampoco la posibilidad de crecimiento a largo plazo. Sin embargo, por la forma en que funciona el sistema, es a éste a quien se le exigen las soluciones. Aunque la posibilidad de reactivar la economía por medio de la expansión monetaria siempre está presente, los niveles observados de inflación hacen de tal posibilidad una apuesta demasiado riesgosa. Aunque controlar la inflación implique cierto deterioro de corto plazo en la actividad económica, parece ser que, dado el estado de las cosas, es lo más prudente por hacer. A pesar de todas las críticas que puedan hacerse contra la disciplina fiscal y monetaria, al día de hoy parecen ser el camino más seguro a seguir. Y, por supuesto, el resto del sector público tomando decisiones coherentes, consistentes y creíbles en los demás campos de la política económica.

Metáforas tributarias

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

Algunos califican a la reforma tributaria como una carretera, un “camino… ancho y espacioso” que nos permitirá llegar directamente a nuestro destino. No aprobar dicha reforma se ha calificado como el “Efecto Titanic”. El uso de las metáforas en la economía no es nada nuevo. En este caso se atribuye a un primer fenómeno, la reforma tributaria, atributos explícitos e implícitos de un segundo fenómeno, la carretera, para generar un “efecto de verdad” respecto de la necesidad y urgencia del primero. Estar en contra de las carreteras equivaldría a estar en contra del progreso, en contra de la modernidad. Estar a favor del “EfectoTitanic” equivaldría a estar a favor de cometer un accidente que podría evitarse

Afortunadamente no todo es como lo pintan. Estas mismas metáforas ejemplifican también la importancia de no ir más rápido de lo que permiten las circunstancias y de escuchar las voces de alerta ante peligros inminentes. Por más urgente y necesario que sea llegar a un nuevo destino, no siempre es el mejor momento para iniciar el recorrido entre dos puntos. Mucho menos cuando se espera que a lo largo del camino nos sorprenda una “tormenta perfecta” o un “tsunami global”. Por otra parte, el “Efecto Titanic” es un ejemplo de que, tal y como dice la canción, “no hay que llegar primero sino saber llegar “. Parte de lo acaecido con el Titanic se debió al interés de un alto funcionario de la compañía dueña del navío por llegar lo más pronto posible al anhelado destino, y mostrar así las maravillas de su proyecto. Este desmedido interés hizo que este funcionario desatendiera las múltiples señales de alerta y se negara a reducir la velocidad del barco. Un claro ejemplo en donde el interés por alcanzar un determinado objetivo se coloca por encima de lo que dicta la prudencia y lo que permiten las circunstancias.

Por otro lado, llama la atención que dentro del destino final al cual nos conducirá esa carretera se mencionen asuntos como “mayor certeza jurídica para los inversionistas… fortalecimiento de los recursos del Estado… finanzas públicas sanas… estabilidad macroeconómica… mejores condiciones de inversión y de empleo y… crecimiento económico” (Siglo XXI, Suplemento Pulso, 07-06-08), pero no se mencione la importancia de que los recursos con los que ya cuenta el estado se utilicen de la mejor manera posible. Justificar la carretera solamente en nombre de una mayor carga tributaria no tiene mucho sentido si el gasto público va a seguir bajo su lógica actual. Más que carretera vendría a ser un simple programa de bacheo.

Reviviendo a Arana…

José Rául González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

El Presidente Colom pretende revivir la letra muerta de una ley publicada en 1974 por el General Carlos Arana. Aparentemente se cree que un retroceso histórico-económico de treinta y cinco años bajará el precio de granos como el maíz. El Presidente Colom se equivoca tanto o más que el Presidente Arana y con ello, preserva y revive un error histórico.

Es típico de gobernantes tener la soberbia como para creer que los problemas económicos se pueden solucionar con una ley que los “corrija” por decreto. Así fue como Arana publicó la Ley Obligatoria y de Fomento para el Cultivo de Granos Básicos. Su nombre lo dice todo. Si no se puede “por las buenas”, los ciudadanos serán obligados a producir los granos básicos de donde, supuestamente, se alimentará la población. Para ello, los agricultores deberán destinar un 10% de sus fincas a ese cultivo. ¿Qué tal? Así se “garantizará”, de ahora en adelante, la “seguridad alimentaria” del pueblo. Arana y Colom parten de un grave error: creer que el maíz está caro porque la gente no lo cultiva localmente. Y que si los obligamos a hacerlo, dejaremos de ser pobres.

¿Qué hacen los árabes para consumir cardamomo si no lo cultivan? Lo importan de Guatemala ya que tienen el ingreso para comprarlo. Esa es la clave para poder consumir cualquier cosa: tener el ingreso suficiente. En el caso de Guatemala, si la gente mejorara su ingreso, podría pagar el precio del maíz independientemente de dónde se produzca. Por lo tanto, no es un problema de obligar a producirlo; sino que es un problema de cómo mejorar los ingresos.

Destinar, por decreto, el 10% de una finca de cardamomo para cultivar maíz nunca solucionará el problema del ingreso de la gente. Al contrario; lo agravará. Piense por un momento: si esa finca produce cardamomo es porque el valor de ese cultivo es más alto que el del maíz. Por lo tanto, la mentada ley es a todas luces empobrecedora. ¿Qué ganamos obligando a la gente a cultivar maíz para perder dinero? ¿No es mejor que la gente se dedique a cultivar cosas que generan un mejor ingreso y que con ese ingreso compren el maíz?

La tesis de la “soberanía alimentaria” (de donde se origina este tipo de leyes absurdas) pretende que nosotros produzcamos toda nuestra comida para no “depender” de las importaciones. Si ese fuera el caso, Hong Kong debería de producir todos sus alimentos en ese infértil peñasco volcánico. Más inteligentes que nosotros, los chinos se han dedicado a ser prósperos; y con esa prosperidad comprar sus alimentos.

Es preocupante que, en medio de nuestra pobreza el Presidente Colom proponga medidas que nos empobrecerán aún más. Ciertamente que sus asesores están bateando. El Presidente debe recapacitar y entender que su propuesta es un grave error y, de paso, despedir a sus asesores.

Atrayendo el capital más difícil

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

Necesitamos atraer más inversión para generar un mayor crecimiento económico. Por un lado, incrementa el tamaño, el ingreso de la clase media guatemalteca y la hace sostenible; además, como parte de la política social, permite la reducción de la pobreza. Además, no podemos seguir dependiendo del crecimiento del consumo guatemalteco a través de las remesas. No por indeseables, sino por lo inestable. De hecho, las remesas, según algunos estudios, han sido las principales encargadas de reducir la pobreza en el país entre el año 2000 y el 2006. Sin embargo, el tambaleo actual de la economía norteamericana, la perspectiva de una política migratoria cada vez más restrictiva y la pérdida de lazos familiares de los migrantes son factores importantes que limitan ese modelo de desarrollo. Necesitamos que el crecimiento se genere en la misma Guatemala.

Mucha de la discusión se ha orientado a atraer mayores inversiones físicas o proyectos productivos determinados. La apuesta por impulsar las concesiones, que se realizó en el Gobierno pasado, es un ejemplo. Ahora, que los principales opositores de esa propuesta están haciendo Gobierno, talvez las cosas cambien, pues el mismo Gobierno las está abanderando. En cuanto a proyectos productivos determinados, la agenda de competitividad promovida por PRONACOM, es un esfuerzo importante. La detección de las oportunidades en la exportación de servicios es un indicio que Guatemala puede tener un gran futuro atrayendo inversión extranjera para desarrollar estos mercados.

Sin embargo, creo que es necesario SER MÁS AGRESIVOS. El principal generador de riqueza en la economía moderna no es la tierra, el capital financiero o las grandes empresas con increíbles inversiones en maquinaria. Eso es importante, pero no es suficiente. En la economía de hoy, lo más importante está en la cabeza de cada persona. Sus valores, sus actitudes, sus conocimientos, su creatividad, su capacidad de relacionarse con otras personas. Todo esto, se denomina capital humano. Por eso, talvez valdría la pena pensar las políticas de inversión en donde privilegiemos este capital.

Creo que vale la pena promover una política activa de atracción de europeos y norteamericanos profesionales para que vengan a trabajar a Guatemala. Esto podría fomentarse dentro del marco del DR-CAFTA y el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Establecer programa para que ambos socios comerciales apoyen la transferencia tecnológica y de capacidades laborales mediante el establecimiento de becas laborales con tres fines: venir a apoyar proyectos productivos de gran escala; generar redes de negocios con estos países; y, ofrecer capacitación y educación a jóvenes técnicos y profesionales guatemaltecos.

La propuesta no es nueva. Guatemala la promovió durante el siglo XIX. Tuvo grandes beneficios y generó algunos problemas. Valdrá la pena aprender de nuestros errores y más aun, aprender de nuestros éxitos pasados.

Pacto con el diablo…

José Raúl González Merlo
Miembro de Junta Directiva
CIEN

Desde su creación, el llamado “Pacto Fiscal” – PF - ha sido invocado cada vez que el gobierno de turno quiere aumentar impuestos. En este último intento, no ha sido la excepción. El llamado Grupo Promotor del Diálogo Fiscal – GPDF - dizque contrastó su nefasta propuesta con los “principios” de los Acuerdos de Paz y del Pacto Fiscal y le dio su “visto bueno”. El único problema es que los gobernantes sólo ven lo que les conviene y dejan de ver lo que, lo que no les conviene.

Cuando, en el año 2000, se nos “vendió” el tema del PF, se nos prometió que no sería una lista de nuevos impuestos ni sería algo exclusivamente relacionado a los ingresos fiscales. A lo largo del tiempo se organizaron comisiones de seguimiento y otro tipo de comisiones como el GPDF cuyas propuestas eran siempre las mismas. Lo único de lo que se ocupaban y les preocupaba era cómo elevar la recaudación. Propusieron nuevos impuestos, reformas a las leyes tributarias y nunca se salieron de esos dos temas.

Por supuesto, los diversos gobiernos que convocaban y organizaban tales grupos de trabajo estuvieron complacidos. Los “otros temas” que, supuestamente, eran parte integral del PF quedaron en el olvido. Por ejemplo: el balance fiscal; la adopción de un sistema de indicadores de gestión del gasto; los límites al endeudamiento; la ley reguladora de los bienes del Estado, revisiones a la ley de probidad; la evaluación del desempeño de los funcionarios; el combate a la impunidad, la corrupción y la ratificación de las convenciones sobre el soborno y la corrupción; la rendición de cuentas; el libre acceso a la información; etcétera. Nada. Ni uno sólo de esos “otros” asuntos contemplados en el Pacto Fiscal original se ha cumplido ni se ha visto la voluntad política para hacerlos realidad.

Así que ¡corre y va de nuevo! El Ministro de Finanzas repite la fórmula: invoca al Pacto Fiscal y, convenientemente, ignora lo demás para concentrarse solamente en subir impuestos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que las autoridades se burlen de los ciudadanos? Si hay algún cambio que el gobierno desee hacer, usando el pacto fiscal como excusa, debe ser, primero, todo lo que mencioné anteriormente. Es increíble que, los mismos que pusieron esos objetivos dentro del Pacto Fiscal, son los que ahora se hacen los locos con cumplirlo integralmente.

Por lo tanto, el mensaje que debemos enviar al Ejecutivo y al Legislativo tiene que ser fuerte y claro: ya estuvo suave con el tema de subir impuestos. Primero comiencen a dar resultados en la calidad de gasto, la transparencia y la corrupción (por ejemplo). Después atrévanse a pedir un aumento de impuestos. A como están nuestros políticos, tenemos más probabilidad de que se cumpla un pacto con el diablo antes que uno con ellos…

¿Aumentar o reducir impuestos?

Hugo maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

Quienes abogan por aumentar impuestos están convencidos de que el gobierno puede utilizar los recursos de una manera más productiva, socialmente hablando, que lo que podrían hacerlo las familias. Quienes abogan por reducir impuestos creen exactamente todo lo contrario. Frente a la difícil situación que atraviesa la economía nacional, quienes desean aumentar impuestos consideran importante que el gobierno maneje una mayor cantidad de recursos para hacer frente a las demandas sociales que podrían surgir. Quienes desean reducir impuestos consideran que en esta situación es mucho más importante que las familias tengan a su disposición la mayor cantidad de recursos posibles. Los que desean aumentar impuestos sostienen, correctamente, que una reducción de impuestos debilitaría las posibilidades del gobierno de atender algunas de sus funciones principales, además de debilitar aún más la reducida capacidad recaudatoria del Estado. Quienes favorecen la reducción de impuestas aducen, correctamente, que es urgente buscar mecanismos que alivien los golpeados presupuestos familiares. Unos y otros tienen cierto grado de razón.

El problema radica, posiblemente, en el hecho que históricamente los aumentos de impuestos, sean estos moderados o pequeños, terminan saliendo muy costosos para la bolsa del contribuyente, mientras que las reducciones, sean estas grandes o moderadas, se traducen en imperceptibles ahorros para el consumidor. Como bien dice un refrán norteamericano, generalmente “un pequeño aumento de impuestos le cuesta doscientos dólares al contribuyente mientras que una substancial reducción le ahorra apenas treinta centavos”. Dada esta posibilidad, y dada la situación que actualmente atraviesa y atravesará la economía, tal vez no sea tiempo ni de reducir ni de aumentar los impuestos. Si no se aumentan, el gobierno tendría, al menos, la certeza de contar con un monto de recaudación bastante parecido a la actual. Monto que, dicho sea de paso, bien utilizado, focalizado y priorizado podría dar mejores resultados que los que hoy se obtienen. Si no se reducen los impuestos, las familias tendrían, por lo menos, asegurado un nivel de ingresos parecido al que tienen hoy en día. Aunque la opción de no aumentar ni reducir impuestos no gusta a ninguna de las partes en contienda, es importante reconocer que, por lo menos, podría llegar a ser una opción menos incierta y menos costosa para todas las partes. Lo cual, dado el panorama futuro de la economía, podría ser una de las opciones más prudentes que se tengan a la mano.