Crecimiento Congelado

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

“El dilema era recuperar un clima que permitiera reforzar el crecimiento económico y el mejoramiento de los niveles de vida, o sumirnos en una continua disputa acerca de la forma de repartir los frutos de una economía congelada”. Así describía un conocido economista estadounidense la situación económica de su país a principio de los ochenta. Descripción que se ajusta bastante bien a lo que sucede en Guatemala desde hace varias décadas atrás. Está probado que “sumirnos en una continua disputa acerca de la forma de repartir los frutos de una economía congelada” no nos lleva a ningún lado. Ese tipo de disputa es algo parecido a lo que sucede con los cangrejos dentro de la olla con agua hirviendo. Situación que, en lugar de motivar la cooperación entre los cangrejos para evitar la muerte segura, los sume en una continua disputa sobre quién saldrá primero. En el caso del crecimiento económico, la eterna disputa por los pedazos de un pastel que se hace cada vez más pequeño nos impide ver que fuera de la “olla” hay pastel que alcanza para todos. Las tasas de crecimiento que ha experimentado Guatemala durante los últimos 25 años han sido insuficientes para lograr un aumento sostenido en el nivel de vida de los guatemaltecos. El principal reto de la economía guatemalteca es el mismo que el de hace 25 años: el crecimiento económico.

El reto del crecimiento económico no es tan fácil de superar cuando el conjunto de condiciones iniciales no son propicias para el desarrollo. Alcanzar la situación de largo plazo, la etapa de crecimiento sostenido, implica un preciso diagnóstico de las condiciones iniciales, un vigoroso proceso de reforma, el diseño e implementación de políticas económicas congruentes con la estrategia del crecimiento y un claro compromiso con la visión de largo plazo, para permitir que las medidas implementadas den fruto en el mediano plazo. Sin embargo, en palabras del economista mencionado al principio, “generalmente las políticas tienen efectos de más largo plazo, y en su fase inicial suelen reflejar los aspectos negativos que han prevalecido en la economía durante el período previo a su aplicación”. De esa cuenta, quizá el compromiso con la visión de largo plazo sea el componente más importante de toda estrategia de crecimiento. Si no se reconoce su importancia, se corre el riesgo que todas las acciones tendientes a situar a la economía en una senda de crecimiento sostenido, tarde o temprano, se reviertan. Y que, como casi siempre pasa, terminemos sumidos en una eterna disputa “acerca de cómo repartir los frutos de una economía congelada”.

Recortes Presupuestarios

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

“Recorte de 10% al Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2007” fue la gran noticia a principios de la semana; “El Presupuesto no sufrirá recorte alguno” fue la noticia al final de la semana. ¡Qué rápido cambian de opinión nuestros queridos legisladores! Cuanta razón tenía Felipe Valenzuela al cuestionar en su programa de radio la credibilidad del primer anuncio. En dicho programa Felipe le recordó al nuevo presidente del Congreso de la República que el proceso de aprobación del presupuesto se parece más a un día de mercado que a una actividad altamente técnica. Un proceso en donde el se “regatea” hasta el último centavo. En donde el 10% no es más que un punto de partida. La decisión final depende del poder de negociación de cada quien. “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, lo cual no es una alusión a la edad de mi querido amigo Felipe, sino a su habilidad para descifrar mensajes ocultos detrás de los ofrecimientos políticos. Efectivamente, más tardaron los legisladores en ponerse de acuerdo en anunciar la reducción del 10% que en dar marcha atrás.

¿Es necesario dicho recorte? Como todo en la vida, depende del ángulo desde donde se vea. Si bien es cierto que un déficit fiscal de 1.8% del PIB no parece alarmante, también es cierto que un déficit fiscal cercano a cero sería mucho más recomendable. Dados los niveles actuales de eficiencia y efectividad del gasto público, su poca relación con las prioridades del país, la escasa verificación de resultados del mismo, el riesgo de que sea utilizado con fines electorales y los problemas que sufre el sistema financiero nacional, un recorte significativo y una reorientación de muchos gastos sería recomendable. Recomendación que nada tiene que ver con una determinada posición política, sino con un manejo cauteloso de las finanzas públicas. La cual se inspira en los compromisos de Pacto Fiscal, en donde se establece que debe “asegurarse el equilibrio entre los ingresos y egresos del Estado en el último año de cada gobierno. “ Lamentablemente, parece que falta poder de negociación y/o de convicción por parte de algunos legisladores para cumplir con dicho compromiso. En caso contrario, tal vez todo sea producto de una mala negociación: conociendo lo bueno que somos los chapines para “regatear”, debieron haber empezado con un recorte de 40% para terminar en 15%. Habiendo empezado con 10%, a ver si no terminamos con un aumento de 25%.

Petén abandonado

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

¿Está el Gobierno generando las condiciones para el “desarrollo integral de Petén”? Para responderlo, analizaré el Presupuesto del Estado, el cual muestra “la voluntad” del Gobierno.

Lo primero que resalta es la DEFICIENTE planificación del Gobierno, la cual provoca una mala ejecución y un pobre impacto. Esto lo podemos apreciar en el Programa de “Desarrollo Integral del Petén” del MAGA. ¿Por qué?

Según este programa, el Gobierno se encargará de la vigilancia de plagas y enfermedades de plantas y animales. Sin embargo, esto es falso. ¿Por qué? Porque el Gobierno NO se compromete a una meta como “reducir en un 10% la incidencia de enfermedades fitosanitarias endémicas de Petén”. A lo único que se compromete el Gobierno es a elaborar 6,430 documentos.

Sí, leyó bien, a elaborar 6,430 documentos.

Pero, ¿qué relación existe entre la elaboración de documentos y la vigilancia fitosanitaria y zoosanitaria? A mi entender, NINGUNA. Sin embargo, en el MAGA deben creer que mientras más imprimen documentos, menor será la incidencia de plagas exóticas.

Conclusión sobre la calidad de gasto: CERO.

Ya es tiempo de mejorar la información y la calidad de los programas orientados a Petén y, en general, a todo el país. Espero que la Junta Directiva del Congreso del 2007 lo tenga en su Agenda.

Para que seamos vistos

María Isabel Bonilla
Directora Área Legal
CIEN

Guatemala debe ser un país con sectores público y privado eficientes y efectivos en la erradicación de la corrupción, y transparentes en todas sus actuaciones. Estos son requisitos indispensables para atraer la inversión y generar empleos; para ser competitivos a nivel regional y mundial. Algunos índices internacionales han reconocido la labor que en este sentido se ha venido realizado desde hace varios años, colocándonos en posiciones decorosas. Por ejemplo, de acuerdo con el Indice de Presupuesto Abierto 2006, el cual permite conocer la situación de la transparencia presupuestaria comparando a 59 países alrededor del mundo, Guatemala obtuvo una calificación de 46 puntos frente a Francia que obtuvo 89 y a quien se le considera como el país con mayor transparencia presupuestaria, colocándonos como el país líder en transparencia en la región. Este índice se basa en las prácticas presupuestarias y en la información que se publica durante las etapas presupuestarias. Nuestra principal fortaleza es la divulgación de la información financiera a través de SIAF-SAG, que permite consultas vía Internet en tiempo real.

Pero los esfuerzos por diseñar e implementar sistemas de información que transparenten la información gubernamental no han despejado la percepción que todavía existe de un alto grado de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Por ejemplo, organizaciones mundiales como Transparencia Internacional –TI- colocó al país en la vergonzosa posición número 117 de un total de 159 países monitoreados en el Indice de Percepción de la Corrupción 2005. Dicho índice se basa en una combinación de encuestas que expresan las percepciones del grado de corrupción según la opinión de empresarios y de analistas. La percepción que tenemos de nosotros mismos nos ha colocado en el grupo de países en los que existe “corrupción desenfrenada”.

Abundan las propuestas, los proyectos, los programas para hacer del país más transparente y menos corrupto, pero no ha sido suficiente. Los programas para impulsar más transparencia y reducir la corrupción son sólo una parte de los esfuerzos para que guatemaltecos y extranjeros se interesen por nuestro país. Debe existir además la firme convicción y el compromiso de cumplir con las leyes y de aplicar sanciones; debe invertirse de una vez por todas en un eficiente sistema judicial; los gobernantes y gobernados debemos respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y se debe redefinir el rol del estado y de los ciudadanos. No bastan las buenas intenciones; debemos demostrar el cambio con acciones

Crisis Bancaria: ¿Chistes o rumores?

Hugo Maul
Director Área Económica
CIEN

Podría parecer burla, pero no lo es. Los constantes rumores acerca de la “salud” de los bancos son un asunto muy serio. Sobre todo, ya que dichos rumores pueden convertirse en “profecías auto-cumplidas”. Es decir, profecías que se cumplen por el simple hecho que las personas creen en ellas. Es bien sabido que los bancos trabajan con una reserva “fraccional”: el total de efectivo, billetes y monedas, que guardan en sus bóvedas constituyen solamente una parte muy pequeña de la totalidad de depósitos que tienen en custodia. Situación que hace vulnerables a cualquier banco a una crisis de confianza. No existe sistema un sistema bancario, de reserva fraccional, que pueda devolver, al mismo tiempo, “todo” su dinero a “todos” los depositantes. Dada esa naturaleza intrínseca del sistema bancario, es muy importante no hacer eco a rumores infundados y que las autoridades sean completamente transparentes, oportunas y creíbles respecto de lo que sucede con los bancos.

Esto último motivó a la Junta Monetaria a publicar campos pagados en los distintos diarios del país exhortando al público a “no dejarse sorprender por cualquier comentario…en claro y evidente perjuicio del sistema bancario nacional…”. Comunicado importante, pero que insuficiente para disipar los temores de los depositantes de los demás bancos. Menos aún cuando se considera el contexto que rodeó a tal publicación. En la edición del viernes de Siglo XXI, el comunicado apareció junto con un anuncio que nos recuerda el “El Gran Calentamiento” y muestra como un huevo, con nosotros adentro, se “fríe” sobre una sartén. En Prensa Libre, el pasado jueves, el comunicado aparece junto con a las tiras cómicas. Cualquiera creería que se trata de un chiste más. Compartió página con “Los Melaza”, quienes aparecen en una escena consultando a una adivina acerca del futuro. -“¡Su futuro se ve muy brillante¡ Oh, esperén… hay un incendio en su cocina”.- dice la adivina “Madame Zora ”. ¿Qué sabr[a ella que nosotros no sabemos? En el Periódico, el pasado viernes, el comunicado apareció junto con un anuncio de la “Mayo Clinic”. En el cual, dicha clínica invita “a los lectores a que consulten sus inquietudes sobre cualquier tema de salud…”. ¿Incluso inquietudes sobre la “salud” del sistema bancario? Si así fuera, sería bueno consultarlos, ya que dicha clínica se caracteriza por “diagnósticos acertados y tratamientos efectivos en condiciones… complejas…”, según el anuncio. Algo que, de seguro, calmaría las inquietudes existentes mucho más que un simple comunicado que, para mala suerte salio publicado dentro de un contexto poco favorable.

Impacto de las Remesas

Verónica Spross de Rivera
Directora del Área Social
CIEN

La proporción de las remesas en la economía continúa creciendo. Nuestro principal producto de exportación es la gente guatemalteca que decide buscar un futuro más allá de las fronteras. El volumen de remesas en este año se espera supere los 3 mil millones de dólares y representa cerca de un diez por ciento de la economía nacional (PIB). Constituyen así una fuente importante de recursos para grupos poblacionales del área rural y muchos de ellos se encontraban en situación de extrema pobreza cuando comenzaron a ser beneficiarios de estos flujos de recursos financieros.

Diversas organizaciones, incluyendo a organismos internacionales, agencias de países extranjeros, universidades, centros de investigación, el Banco Central y otras entidades relacionadas con las finanzas han promovido estudios para entender mejor la naturaleza de quienes las envían y quienes son los recipiendarios de éstas. Se cuenta, por ejemplo, con las encuestas a hogares con relación a las remesas que ha llevado a cabo la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, por más de tres años. También el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, ha hecho varios y presentará un nuevo estudio.

En el 2005 la OIM indicó que más de un millón de guatemaltecos residentes en el extranjero enviaban remesas a sus familiares. El principal país receptor de migrantes es Estados Unidos. Siete de cada diez migrantes eran hombres. Los beneficiarios ascienden a cerca de 3.7 millones de personas. La mayoría de recipiendarios de las remesas son hijos, jefes de hogar o cónyuges. La mayor parte de las remesas provienen de personas radicadas en California y Florida. El departamento en el cual se recibe la mayor cantidad de remesas es Guatemala, seguido por San Marcos y Huehuetenango. Es interesante ver cómo el 65 por ciento de los migrantes envían el dinero por medio de transferencias electrónicas.

Uno de los aspectos más interesantes del análisis es el destino de las remesas ya que en el 2005 la mitad se destinaba para el consumo, incluyendo alimentos y ropa; pero, un 15 por ciento iba para ahorro e inversión. Otra porción igual se destina a la inversión social, que incluye la inversión en educación y salud. Este monto representa un aumento desde la encuesta del año anterior. Cerca de 3,500 millones de quetzales se destinaron a la educación. Este monto es de gran relevancia porque implica que no solamente se está destinando a educar el presupuesto del Ministerio de Educación, sino que también las familias están haciendo esfuerzos importantes por mejorar el nivel educativo. Esta inversión tendrá un efecto positivo en los indicadores educativos y en la realidad social de muchos niños y jóvenes, que tendrán un mejor futuro del que tuvieron sus padres.

El aspecto más trascendente de las remesas es la fuente de capital para inversión productiva que éstas representan. Una buena parte de los recipiendarios de remesas cuentan con una micro o pequeña empresa, generando más de 140 mil empleos. La mitad de quienes tienen un negocio quieren ampliarlo. Sin embargo, les falta capacitación en el área empresarial para desarrollar su capacidad de gestión; carecen de capacitación en el área técnica; y, necesitan más conocimientos en mercadeo. Las remesas, bien orientadas, en algún tiempo podrían lograr un cambio en la realidad socioeconómica de comunidades enteras.

¿Cuántos Pétalos Tenía la Margarita? Decisiones Estratégicas Previas a la Liquidación del Bancafé

Mario A. Cuevas
Director del Área Financiera
CIEN

Es de conocimiento público que, antes de su liquidación, el Banco del Café estaba sujeto a un “plan de regularización” aprobado por la Superintendencia de Bancos. Se ha comentado ampliamente en los medios que varias acciones tomadas en los últimos días de operación del Banco del Café eran inconsistentes con la implementación de su plan de regularización, por lo que según las autoridades se justificaría la suspensión y eventual liquidación de la entidad financiera. La margarita de los enamorados que se preguntan “¿Me quiere? ¿No me quiere?” raras veces tiene sólo un pétalo…

¿Pudieron impedirse los actos contrarios al plan de regularización? El Artículo 74 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros del 2002 establece que, cuando una entidad está sujeta a un plan de regularización, la Superintendencia de Bancos podrá designar un “delegado con derecho a veto en las decisiones que adopte el banco encaminadas a impedir la realización del plan de regularización”. La Ley no utiliza el término “interventor” con referencia al delegado ni le otorga facultades administrativas, pero es muy claro que el delegado de la Superintendencia poseería amplias facultades para velar por el cumplimiento del plan de regularización.

Por la forma en que está redactado el Artículo 74 faculta pero no obliga a la Superintendencia de Bancos a nombrar un “delegado”. Cabe añadir que la Ley no establece requisitos específicos para el nombramiento del delegado, quien presumiblemente respondería únicamente a los criterios de la Superintendencia de Bancos. Cae un pétalo y el enamorado se pregunta ¿me quiere?

¿Era posible renovar al consejo directivo y la gerencia del Bancafé antes de la suspensión de operaciones? El Artículo 74 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros otorga a la Superintendencia la facultad de remover o prohibir el ejercicio de uno o más de los directores, gerentes o administradores de una entidad financiera sujeta a un plan de regularización, aunque dejando claro que el cumplimiento o incumplimiento del plan sigue siendo responsabilidad de la entidad.

El Artículo 74 facultaba, aunque no obligaba, a la Superintendencia de Bancos para exigir la renovación total o parcial de la administración del Banco del Café. La Ley de Bancos y Grupos Financieros no establece causales particulares que justifiquen la renovación total o parcial de la administración, siempre que la entidad financiera esté sujeta a un plan de regularización, por lo que el ejercicio de dicha facultad queda completamente al criterio de la Superintendencia. Cae otro pétalo y el enamorado se pregunta ¿me quiere?

¿Estaba obligada la Superintendencia a suspender las operaciones del Bancafé? El Artículo 75 de la Ley de Bancos y Grupos financieros obliga a la inmediata suspensión de una entidad financiera cuando ésta haya suspendido el pago de sus obligaciones o cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del capital requerido. Aparentemente, ninguna de estas condiciones se aplicaba al Banco del Café – Guatemala.

Primero, hasta donde sabemos el Banco del Café – Guatemala no había suspendido el pago de sus obligaciones. Asimismo, la información conocida públicamente es que el Banco presentaba una deficiencia patrimonial al momento de la suspensión de operaciones, aunque dicha deficiencia estaba por debajo del 50% del capital requerido para hacer obligatoria la suspensión. Es pertinente aclarar que la deficiencia patrimonial no significaba que el patrimonio de la entidad fuese “negativo” sino que el patrimonio computable era menor que el requerido por la normativa regulatoria vigente.

A pesar que la Ley no obligaba a suspender las operaciones del Banco del Café – Guatemala, la Junta Monetaria estaba facultada para hacerlo, amparándose entre otros factores en el aparente incumplimiento del plan de regularización, criterio que a su vez se fundamentaría en un informe preparado por la Superintendencia de Bancos. En otras palabras, según la Ley el ejercicio de la facultad de suspender las operaciones queda supeditado completamente al criterio técnico y jurídico de las autoridades. Esta vez se pregunta el enamorado ¿no me quiere?

¿Cuántos pétalos tenía la margarita? Queda claro que la Ley de Bancos y Grupos Financieros del 2002 otorga a la Superintendencia de Bancos y a la Junta Monetaria amplias facultades discrecionales para el manejo de una situación como la del Banco del Café. Las amplias facultades administrativas y discrecionales que disfrutan las autoridades son necesarias para manejar procesos complejos, como puede ser una reestructuración, regularización o liquidación de una entidad financiera.

Para beneficio de la opinión pública y con el fin de fortalecer la certeza jurídica en el país, es urgente que la Junta Monetaria y la Superintendencia de Bancos publiquen un informe completo—aunque sea interino— sobre la secuencia de decisiones tomadas por las autoridades en el caso del Bancafé, informe en que explicarían los fundamentos técnicos y jurídicos de cada decisión, incluyendo de preferencia las minutas de las reuniones en que se tomaron las decisiones más importantes del caso.

El ejercicio de las facultades discrecionales que otorga una ley, cualquiera que ésta sea, obliga al funcionario público a actuar con máxima transparencia, de tal manera que los criterios aplicados queden sujetos al debido escrutinio de la opinión pública al menos retrospectivamente. Los criterios aplicados deben hacerse públicos de manera detallada y exhaustiva, para no provocar incertidumbre sobre casos futuros de aplicación de la ley y para fortalecer la confianza del público en que la ley ha sido aplicada correctamente. Se entiende que el ejercicio de la función pública, en esencia ni apariencia, debe depender de los pétalos de la margarita.

CAFTA y Derechos Laborales

Hugo Maul
Director del Área Económica
CIEN

Durante las últimas décadas hemos sido testigos de un creciente proceso de integración a la economía mundial; el aumento en el intercambio comercial, los flujos de inversión directa y los flujos de capital financiero son cada vez más importantes para los países de la región. Si a esto se suma la entrada en vigencia del DR-CAFTA pareciera que ya nada hace falta para que el “modelo globalizador” empiece a dar los resultados que todos esperan. Sin embargo, la apertura comercial y financiera, aunque condición necesaria para desatar un proceso crecimiento, no es una condición suficiente para garantizar tal resultado. Para que este proceso pueda dar los resultados deseados es necesario reformar, a nivel nacional y regional, varias instituciones y campos de política económica que limitan el impacto positivo del mismo. Uno de estos, sin duda alguna, es el de campo laboral

Cuando se toma en cuenta que la regulación regional en esta materia introduce costos e inflexibilidades comparables a las de países en donde la mano de obra es más escasa y la productividad de la misma es mucho más alta, resulta clara la importancia de repensar estas regulaciones. Y aunque pueda resultar políticamente incorrecto decirlo, es importante mencionar que cualquier reforma en este campo debe revisar a profundidad el papel que estos costos e inflexibilidades juegan en la explicación del desempleo, subempleo y actividad económica independiente (la mal llamada informalidad). Con la regulación laboral existente resulta muy complicado adoptar modalidades organizacionales flexibles, como las que exige el mundo globalizado, ante lo cual, sin importar cuán abierta esté la economía a los flujos comerciales o a la inversión extranjera directa, las posibilidades de crear empleos y mejorar los ingresos se encuentran seriamente limitadas.

Más complicado aún cuando se considera que, debido al DR-CAFTA, cualquier cambio a nivel regional en materia laboral debe obedecer al principio de la “armonización hacia arriba”. Es decir, modificaciones que tiendan a proteger más a los trabajadores. Sin embargo, como se explicó antes, las regulaciones laborales de la región son, en promedio, más costosas e inflexibles que las existentes otras regiones del mundo, por lo cual dicha “armonización” seguramente es la forma más segura de garantizar que no se crearan todos los puestos de trabajo que el DR-CAFTA podría generar. Una cosa es la protección a los trabajadores, otra encarecer innecesariamente la mano de obra, hacer rígida la relación laboral y no reconocer la abundancia relativa de mano de obra poco calificada.

El Recuento de los Daños y el Factor CORFINA

Mario A. Cuevas, MSc
Director del Área Financiera
CIEN

A un año de la tormenta Stan, el país otra vez está contando los daños causados por una tormenta. Este año, la tormenta ha sido la quiebra del Banco del Café, que indudablemente ha provocado daños al país, daños cuyo recuento apenas está comenzando. Afortunadamente, la vulnerabilidad del sistema financiero ha disminuido considerablemente desde el jueves pasado (26 de octubre 2006). En aquel momento, debido a cierta impericia en el manejo de la logística, sistemas informáticos y algunos asuntos de sentido común por parte de las autoridades, puede decirse que la vulnerabilidad del sistema financiero alcanzó un máximo.

No hubo contagio gracias a la madurez y paciencia del público, que también ha sabido interpretar correctamente la estabilidad macroeconómica. Además, ya la ciudadanía está acostumbrada a que las autoridades digan una cosa un día y cambien a otra cosa al día siguiente por lo que, paradójicamente, las bajas expectativas del público con respecto a la actuación de las instituciones del Estado también coadyuvaron a mantener la tranquilidad entre la población. “Así hacen siempre” decían algunas personas. Pero la realidad es que no tiene por qué ser así.

¿Es posible aprender? Existe una extensa experiencia sobre el manejo de crisis bancarias, individuales o sistémicas, a nivel nacional e internacional. Desde los años setentas, pueden contarse más de cien crisis bancarias sistémicas en casi igual número de países, además de innumerables quiebras de bancos individuales alrededor del mundo. Cada uno de estos eventos ofrece lecciones para que las autoridades no cometan el mismo tipo de errores que se cometieron antes.

Hasta ahora, la atención de la opinión pública se ha dirigido casi exclusivamente a las aventuras épicas vividas por quienes depositaron su confianza en el Grupo Bancafé. Alguna información, aunque más limitada, ha sido ofrecida sobre la manera en que las autoridades resolverán el tema de la cartera de activos del banco (sabemos que una parte de los activos será administrada por CORFINA).

Lecciones de la experiencia internacional. Cada crisis bancaria, individual o sistémica, en cualquier parte del mundo, ha exigido la reestructuración de la cartera de activos (principalmente, aunque no exclusivamente, los préstamos realizados por la institución bajo liquidación). Este tema ha sido tratado con bastante profundidad en estudios internacionales, por lo que vale la pena recordar algunas de las conclusiones alcanzadas.

Para la resolución de la cartera de activos los gobiernos han hecho uso de vehículos especiales denominados genéricamente como “entidades de gestión de activos” cuyo fin específico puede ser reestructurar la cartera de préstamos o liquidar los activos tratando de obtener el máximo valor posible en el mercado en un plazo relativamente breve. Algunas entidades de gestión de activos han tenido el cuidado de documentar sus actividades escrupulosamente, lo que ha facilitado la elaboración de estudios retrospectivos sobre la efectividad y eficiencia de las entidades.

Según un estudio elaborado por el Banco Mundial sobre la experiencia internacional con las entidades de gestión de activos (Klingebiel, D. “The Use of Asset Management Companies in the Resolution of Banking Crises—Cross-Country Experiences”) éstas raras veces sirven para facilitar la reestructuración de activos (lo que normalmente permitiría mantener al mínimo los costos fiscales de una crisis). Con mayor frecuencia, la entidades mencionadas sirven solamente para la liquidación acelerada de activos bancarios (lo que eleva los costos fiscales por la necesidad de vender a precios bajos).

Cómo mantener las pérdidas al mínimo. En ausencia de un mejor mecanismo (aún no descubierto) puede esperarse que una buena parte del valor de los activos administrados por una entidad especial desaparezca y que el Estado termine con pérdidas importantes. Cabe notar que el estudio al que hacemos referencia no se circunscribe a las experiencias de países en desarrollo, sino que también incluye a países como Suecia, España y EEUU, lo que sugiere que es bastante difícil reducir el costo fiscal de una crisis bancaria (individual o sistémica) mediante la recuperación del valor de los activos.

Es muy importante notar que las entidades de gestión de activos han funcionado mejor cuando la mayoría de los activos están en bienes raíces y representan una fracción pequeña de los activos del sistema bancario. Otra característica importante es que las entidades exitosas han disfrutado de independencia política, además de una elevada capacidad gerencial y técnica, fondos adecuados para su funcionamiento, modernos sistemas de información y transparencia en sus operaciones.

La elección de CORFINA. Las autoridades guatemaltecas han seleccionado a CORFINA como la unidad que estará a cargo de la gestión y eventual liquidación de alguna parte de los activos del Bancafé. A la luz de la experiencia internacional, es pertinente preguntarse en qué medida CORFINA cuenta con independencia política, elevada capacidad de gestión, sistemas de información y normas de transparencia apropiadas, entre otros requerimientos. Dada las funciones mínimas que esa entidad desarrollaba hasta hace algunos días (para muchos fue sorpresa descubrir que aún existía) ¿puede esperarse que cumpla con los requisitos para tener éxito identificados a través de la experiencia internacional? ¿Qué planes existen para mejorar la capacidad de gestión de CORFINA? ¿Disfruta dicha entidad de suficiente autonomía e independencia?

CORIFNA y el daño a mi bolsillo. Recordemos que el uso de vehículos institucionales que no satisfacen los requerimientos mínimos para la gestión o liquidación de activos eventualmente redundará en costos fiscales elevados, o sea, en impuestos que todos tendremos que pagar. La selección de un vehículo inapropiado, una gestión sujeta a influencia política, poco técnica y nada transparente, saldría muy cara. El recuento de los daños apenas está comenzando y todavía es posible influir para mantener los costos al mínimo posible. El factor CORFINA aún puede manejarse ya sea fortaleciendo urgentemente su independencia y capacidad, o trasladando los activos a otra entidad que tenga un perfil más apropiado.

La paradoja del salario mínimo

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

Si los políticos y legisladores guatemaltecos se equivocaron, y por lo tanto, no somos agricultores ignorantes y semi-esclavos, ni obreros industriales poco calificados y sindicalizados, entonces resultan válidas las preguntas: ¿En qué tipo de empresas estamos trabajando? ¿Qué tipos de trabajos realizamos? ¿Qué productos estamos realizando?¿Por qué compran dichos productos?

Estas preguntas son relevantes para poder superar los prejuicios-económicos-no-cuestionados sobre la Guatemala de hoy. ¿Por qué? Porque nuestra forma de entender la realidad y de querer cambiarla se modifica ante descripciones distintas. A continuación, les pongo un ejemplo:

Pensemos que en Guatemala abundan los talleres artesanales de confección de ropa que no pagan salario mínimo, ni prestaciones laborales (IGSS, IRTRA, etc.). Sin embargo, a diferencia de las empresas que sí cumplen con toda la legislación laboral y que son vigiladas de cerca por los inspectores de la Inspectoría General de Trabajo, estos talleres logran un elevado nivel de productividad laboral. Esto les permite pagar salarios de Q.5 mil, cuando el salario mínimo no llega siquiera a los Q.2 mil.

¿Tenemos herramientas conceptuales para comprender esto? ¿Qué tipo de política podrían ustedes recomendar? ¿Debiera llegar la Inspectoría de Trabajo a enjuiciar a estos pequeños empresarios que no garantizan el salario mínimo ni pagan el IGSS de sus trabajadores, pero que les pagan Q.5 mil?

Lo que sucede en este ejemplo (que es real, pero que no daré detalles para evitar que se les criminalice por incumplir nuestro Código Laboral), es una aplicación de un principio económico que conocen todos los comerciantes. Los incentivos afectan la productividad de la gente. O en otras palabras, garantízale un salario alto a un vendedor y no venderá nada; pero, ofrézcale una comisión por ventas y esto lo hará esforzarse por vender. En estos pequeños talleres artesanales, sucede algo parecido. El salario mínimo funciona como un salario garantizado y ello hace que los trabajadores quieran producir lo mínimo. Además, esto hace que los empresarios modifiquen su esquema de incentivos, no pudiendo dar los “premios por productividad” que bajo otras ocasiones podrían dar, debido a que el salario mínimo se convierte en un costo ineludible, independiente de la producción del trabajador. Sin embargo, cuando se les paga por unidad trabajada, el trabajador tiene más incentivos para producir.

Si a lo anterior, le sumamos flexibilidad en el horario, el resultado son trabajadores con la posibilidad de trabajar por una mejor calidad de vida. Conozco el caso de una mujer, mamá soltera de 5 hijos, que lleva ya más de tres años trabajando en estos talleres y está feliz porque tiene la oportunidad de darles un mejor futuro a sus hijos. Aborrece la experiencia que tuvo trabajando en empresas formales, porque el salario mínimo y la rigidez de las horas hacían que no pudiera ganar tanto como gana ahora, ya que el sistema de incentivos no estimulaba la productividad. Además, ahora puede ausentarse con mayor libertad de sus labores, en caso que sus hijos se enferman; o, modificar su horario, para llevar y recoger a sus hijos de la escuela. Al mismo tiempo, esta flexibilidad le ha permitido que, cuando se puso la meta de enganchar un terreno, pudiera trabajar más de ocho horas diarias, incluidos los sábados, sin que su jefe tuviera miedo de que ello significara horas-extras improductivas.

Estamos ante una paradoja: el salario mínimo es un obstáculo para mejorar el salario de los trabajadores. Al distorsionar el sistema de incentivos, el salario mínimo reduce dramáticamente la productividad y los salarios de los trabajadores. ¿Cómo cambia esta conclusión nuestra forma de querer cambiar las políticas públicas en Guatemala?

Libre contratación laboral

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

Al día de hoy, la mala fama de la libre contratación laboral se debe a que nuestra historia se encuentra plagada de “acuerdos” entre empresarios y autoridades que perjudicaban a los trabajadores. Por eso, considero que el sistema jurídico laboral guatemalteco debe orientarse alrededor de: 1) libertad de contratación; 2) un Estado que garantice el cumplimiento imparcial de los contratos laborales; y, 3) que el Estado cuente con mecanismos que eviten los favoritismos y la corrupción.

¿Por qué promover la libre contratación?

El principal beneficio sería que el sistema jurídico guatemalteco no penalice, sino que defienda, aquellos acuerdos laborales voluntarios que surgen constantemente y que son beneficiosos. Acuerdos que, a diferencia de nuestro Código Laboral, muestran una realidad cambiante y mutuamente beneficiosa. ¿Por qué digo esto?

Desde hace más de cincuenta años, los políticos y legisladores guatemaltecos han pensando que sólo existen dos tipos de trabajadores: el agricultor ignorante y semi-esclavo y el obrero industrial poco calificado y sindicalizado. Al mismo tiempo, han pensado que sólo existen dos tipos de empresarios: los latifundistas explotadores y los industriales con privilegios fiscales y protección arancelaria. Es más, tomando en cuenta la legislación que han producido (ej.: el Código Laboral) y los acuerdos políticos que han establecido (ej.: el Mercado Común Centroamericano), llegaron a “soñar” el futuro de Guatemala, buscando minimizar la producción agrícola y promover, al máximo, la industrialización guatemalteca.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, los políticos y legisladores guatemaltecos se percataron que el modelo de sustitución de importaciones se había agotado y que no era creíble que generaría mayor bienestar, por ello apostaron por la penetración de Guatemala en los mercados internacionales. Por ello, Guatemala ha venido cambiando gradualmente su estructura productiva, para responder a los deseos de los consumidores mundiales: calidad, diversificación productiva, atención especial a nichos de mercado, tiempos de entrega, etc. Esto ha requerido inversiones importantes en capital físico, social, humano y en tecnología, para afrontar adecuadamente a la competencia internacional y adaptarse rápidamente a las condiciones altamente cambiantes del mercado internacional.

Ahora bien, abrimos el mercado, pero mantenemos una legislación laboral que respondía a la Guatemala de 1950. Y por lo tanto, el Estado de Guatemala sigue interpretando las relaciones laborales a través de la esclavitud o del enfrentamiento patrón-sindicato; o, como si sólo existieran las grandes plantaciones o las grandes fábricas industriales. Con dicho marco jurídico, el problema es que toda relación laboral que no se adapte a tal descripción tiene el peligro de ser destruidas. Así que existe el peligro que todas las relaciones laborales que no sean del tipo latifundio-esclavista o del tipo industria (protegida) -sindicalista están siendo amenazadas por la legislación guatemalteca.

Lo anterior no sería un problema si la Guatemala de hoy se pareciera a los sueños de los políticos y legisladores de hace cincuenta, cuarenta o treinta años. El problema es que la Guatemala de hoy NO es así. Estoy seguro que, si pasamos la encuesta entre los lectores, encontraremos que casi ninguno trabaja o conoce trabajadores, que sean agricultores ignorantes de latifundio u obreros poco calificados de una industria protegida.

¿Cuál es la conclusión? Nuestro Código Laboral sólo sirve para obstaculizar la generación de nuevas empresas y nuevos negocios, que nunca se creyeron posibles hace cincuenta años, pero que podrían incrementar la calidad de vida de los guatemaltecos. Por eso abogo por la libertad de contratación laboral.

Reinterpretando la historia laboral

Lisardo Bolaños Fletes
Investigador Asociado
CIEN

“Surgieron también dificultades a propósito de la Ley contra la Vagancia y la cuestión de las libretas de trabajo. La obligación de pagar el salario diario de 30 centavos que mandaba la ley, causó problemas. Algunos finqueros se quejaban de no poder pagar esa cantidad. El 6 de octubre de 1936 los patronos de Quetzaltenango se unificaron para mantener un salario de 15 centavos al día, con el apoyo del Jefe Político; al mismo tiempo, acordaron pagar por tarea y aplicar los castigos y sanciones a quienes no cumplieran con las obligaciones de trabajo, y llegaron incluso a enviar una petición al Presidente para que la Ley contra la Vagancia se acatara estrictamente y se asegurara para Quetzaltenango mano de obra a un costo justo”.

El párrafo anterior, que puede servir muy bien para replantear la discusión sobre la legislación laboral, proviene de Aníbal Martínez y Bruno Busto, del Tomo V de la Historia General de Guatemala. Al día de hoy, estos eventos se han narrado de la siguiente manera:

Primera interpretación. La descripción realizada por Martínez y Busto muestra por qué no funciona la libre contratación, pues los empresarios intentarán reunirse y pagarles salarios de miseria a los trabajadores. Por lo tanto, es necesario un código laboral que proteja a los trabajadores, que los defienda, que evite que sean sujetos de un sistema cruel de explotación. El Estado es el mecanismo de salvaguarda que, diciendo qué está bien y qué está mal, salvará a los trabajadores guatemaltecos. Es más, el principal mecanismo es establecer, por ley, un salario, pero no máximo, sino mínimo, para garantizar un ingreso que les permita vivir decorosamente, al trabajador y su familia.

Sin embargo, existen otras posibilidades interpretativas, otras formas de ver el mundo, otras formas de comprender los mecanismos económico-políticos que afectan el desarrollo de nuestro país:

Segunda interpretación. La descripción realizada por Martínez y Busto muestra por qué es necesario promover un Estado transparente, que rinda cuenta de sus acciones y que sea imparcial, no cediendo ante grupos de presión que desean privilegios. El Estado, al actuar a favor de los finqueros sólo destruía los beneficios que genera la libre contratación para los trabajadores. Por lo tanto, es necesario generar dos reformas. Por un lado, establecer libre la contratación de trabajadores, porque ¿acaso no fue dicha libertad de contratación la que en primer lugar hizo que subieran los salarios de los campesinos en 1936? ¿Acaso no era la libre contratación a lo que más tenían miedo los finqueros en 1936 porque sabían que iban a tener que competir, pagando más salarios, para obtener mano de obra? La otra reforma, se refiere a establecer la legislación y los mecanismos para que el Estado de Guatemala haga cumplir los contratos laborales de forma imparcial y que no caiga en favoritismos o corrupción.

Esta forma de repensar el pasado puede que cause ira a muchos lectores, sin embargo, es una lectura-posible sobre nuestro pasado. Yo no tengo el método infalible para interpretar “correctamente” el pasado. Tampoco creo que alguien lo tenga. Y si alguien cree tenerlo, le recomiendo leer un poco de filosofía de la ciencia para que se de cuenta de su error. A mí, todo lo que me interesa, es enunciar una lectura-posible sobre la historia laboral guatemalteca y las lecciones que ello acarrea. Me interesa, por sobre todo, poner en duda nuestra forma “inocente” de creer, sin cuestionar, nuestra historia. El problema, en el fondo, es que los guatemaltecos todavía somos esos niños de escuela que aprenden de memoria lo que dice el libro; donde ni nuestros padres, ni maestros, ni los libros, nos enseñan a cuestionar lo aprendido; y, en el fondo, a nosotros no nos importa.

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