Gas Propano ¿A toda ley?

Hugo Maul Rivas
Director Área Económica
CIEN

Ley de Comercialización del Gas Licuado de Petróleo… Tema complicado, aún para los expertos. Bien podría decirse que se trata del típico caso en que una empresa intenta “aumentarle el costo a sus rivales” para monopolizar así la oferta de un producto. Por supuesto, con la ayuda directa del gobierno. Aunque, si se juzga desde la perspectiva de la seguridad del producto, parece que el asunto nada tiene que ver con reducir la competencia en un mercado, sino con la protección del consumidor. Esta complicación analítica seguramente desalienta a muchos columnistas a escribir al respecto. Sin embargo, sin necesidad de entrar en refinamientos microeconómicos, la normal suspicacia que caracteriza a quienes hacemos periodismo de opinión debería ser suficiente para que cuestionáramos un poco el trasfondo de dicha ley. Salvo unas cuantas honrosas y valientes, excepciones, la mayoría de quienes damos opinión en asuntos económicos hemos permanecido callados.

Quienes acostumbran ver en toda actividad empresarial un puro ejercicio de poderes monopólicos han permanecido callados. ¿Acaso no deberían preguntarse si mediante dicha ley no se está creando un nuevo monopolio privado? Claro está, gracias a los favores del Estado. Quienes critican las actitudes mercantilistas, contrarias a la libre competencia, de ciertos empresarios han permanecido callados. ¿Acaso no deberíamos preguntarnos si dicha no ley no constituye la creación de nuevos privilegios y restricción a la competencia? Quienes denuncian el comportamiento oportunista de los políticos han permanecido callados. ¿Acaso no deberían analizar la posibilidad que dicha ley sea otro caso en donde intereses grupales se anteponen al interés general en nombre del “bienestar popular”? Quienes defienden las causas populares han permanecido callados. ¿Acaso no deberían preguntarse si dicha ley no constituye una amenaza en términos de precios más altos y peor trato para los consumidores?

No dispongo de un aparato de inteligencia para monitorear todo lo que han dicho los editorialistas al respecto, sin embargo, me parece que el debate público en torno a dicha ley ha sido mínimo. Al menos si se lo compara con la discusión que generan otros temas de similar importancia. Pareciera que con nuestro silencio quisiéramos negar los riesgos que dicha ley puede traer consigo. ¿Acaso estamos de acuerdo con más mercantilismo, populismo, monopolios artificiales y abusos contra el consumidor? Seguramente no, pero “el que calla otorga”. Después de nada sirve quejarse.