Campaña vs. Realidad

José Raúl González Merlo

Miembro de Junta Directiva

CIEN

La campaña se calienta en ofrecimientos. Ya comenzaron a decir que en un mes, que en cinco meses, que en ocho meses se soluciona el problema de seguridad. ¿Qué tanto se podrá hacer?

Hay tres limitaciones a todo lo que los candidatos van a poder realizar. La primera es la estructura del presupuesto de gastos de la nación. La segunda es política: un Congreso dividido en donde no existirán las “aplanadoras” del pasado limitando seriamente la capacidad de maniobra del Presidente. La tercera, la peor de todas: la capacidad gerencial del equipo que llegue al gobierno.

El primer año del gobierno, el nuevo Presidente trabajará sobre la base de un presupuesto “heredado”. Por la forma como se aprueba, Berger y este Congreso dejarán definido cómo se gastarán los fondos públicos del 2008. Será hasta los siguientes tres años en que el nuevo Presidente tendrá plena capacidad para proponer (en el presupuesto) sus prioridades. Con el tema de seguridad en boca de todos los candidatos y menos del 5% destinado a seguridad interna, estamos fregados. Y que conste, como se verá más adelante, que más fondos tampoco garantizan mejores resultados.

El Congreso dividido seguirá siendo un gran obstáculo a vencer porque, en términos generales, la “oposición política” juega a tratar de hacer quedar lo peor posible la gestión del presidente de turno. Una posición bastante miope porque la oposición de hoy es el gobierno del mañana. Así continuamos con el círculo vicioso de perjudicar la gestión del gobierno de turno a menos que… el gobierno compre la voluntad de los diputados con fondos públicos. Viéndolo desde esa perspectiva, las aplanadoras no lucen tan malas ahora.

Finalmente, como todo en la vida, el resultado bueno o malo dependerá de la capacidad de gestión. La gerencia pública seguirá siendo clave para un buen gobierno. Por lo tanto, la calidad de los funcionarios y la flexibilidad que puedan incorporar en la administración pública determinará su éxito o fracaso como gestores. O sea… estamos muertos porque el Estado está diseñado para anteponer las “conquistas laborales” de la burocracia a costa de la calidad de los servicios públicos y del pueblo de Guatemala.

Este último punto prácticamente no ha sido mencionado por los candidatos. Dicen que quieren “proteger” a sus futuros ministros no revelando sus nombres y evitan tocar el tema de las insoportables rigideces burocráticas. Estando así las cosas, le sugiero que comience a bajar sus expectativas del cumplimiento de las promesas de campaña. El Estado está estructurado para entorpecer; no para agilizar.

Ley de Seguros

Hugo Maul
Director Área Económica
CIEN

No estoy seguro cómo se originó este problema, por lo que pude leer en la aclaración que hace el diputado Rayo respecto de la Ley de la Actividad Aseguradora, asumiendo que el mensaje electrónico que circuló el viernes pasado realmente pertenece a dicho diputado, el asunto tiene su origen en el cumplimiento de ciertos requisitos derivados del la ratificación del DR-CAFTA. Dada mi ignorancia racional sobre el tema (es decir, mi decisión consciente y deliberada de no querer enterarme del asunto de los seguros), me parece que el meollo del problema es que no todos están contentos con lo que esta ley dice.

Unos apoyan la ley debido a que responde a compromisos adquiridos respecto de adecuar la normativa vigente a estándares internacionales y requerimientos más estrictos, tal y como sucede en países más desarrollados. Asunto que no tiene nada de extraño, salvo que, dado que no estamos acostumbrados a que se nos juzgue de acuerdo a estándares más estrictos. Los inconformes, por lo que puedo deducir del referido mensaje, aducen que dicha ley otorga una posición oligopólica a las compañías establecidas en el país, fortaleciendo su posición dominante mediante costosas barreras de entrada para la competencia extranjera. De ser este el caso, dicha ley debería ser replanteada. Libre comercio es libre comercio; razones aparentemente técnicas para limitar el comercio siempre habrán, el arte consiste en no perder de vista el objetivo final.

Desconozco quién tiene la razón. Lo que me parece inadmisible es que se justifique dicha ley invocando el inciso k) del artículo 120 de la Constitución, el cual establece que es un deber constitucional del Estado proteger la formación de capital, ahorro e inversión. Bajo la excusa de dicho precepto constitucional se puede cometer cualquier tipo arbitrariedad. Por ejemplo, si se considera que, según el famoso antropólogo Sol Tax, en su libro el “Capitalismo del Centavo”, para las personas pobres en áreas rurales “los pollos son su cuenta bancaria y constituyen un modo de ahorrar en su situación particular”, el 120 constitucional, inciso k) abriría la posibilidad para que el Estado hiciera cualquier tipo de locura. Desde declarar ilegal la elaboración de caldo de gallina hasta exigir que los camiones que transportan pollos vivos cumplan con la normativa del transporte de valores, bajo pretexto de evitar proteger la formación del ahorro. No puede ni debe el Estado convertirse en un dios que nos protege de todo. Muchas veces es bueno que “el comprador se cuide solo”.