Susette España
Colaboradora
La confianza es un activo clave del éxito de una política de seguridad ciudadana que una vez perdido es sumamente difícil re-construir. Esto se evidenció al realizar una investigación sobre seguridad residencial en diferentes áreas urbanas del departamento de Guatemala, como lo fueron Mixco y la zona 7 capitalina. Una de las herramientas utilizadas en la investigación fueron las encuestas de victimización para conocer la percepción de los vecinos en cuanto al tema de seguridad residencial y de los mecanismos de seguridad empleados en las colonias. De las encuestas se concluye que el ciudadano guatemalteco ha perdido confianza y credibilidad en las autoridades y ha buscado formas alternas de mejorar su situación como lo son recurrir a la policía privada, al cierre de colonias, rondas de seguridad entre otros casos en donde ha llegado a tomar la justicia en sus propias manos.
Se realizó trabajo de campo con el objetivo de situarse en el espacio físico y poder comprender el porqué de los mecanismos de seguridad utilizados y los problemas que han surgido para su implementación. Las propuestas emanadas de las entidades gubernamentales, a cargo de la seguridad, son percibidas por el ciudadano, que diariamente padece la inseguridad, como criaturas etéreas que no responden a ninguna necesidad real. Consistentemente se declara una re-estructuración de la policía nacional con el objetivo de eliminar la corrupción que la ha corroído. Sin embargo, hay comunidades que ya no esperan la policía llegue a ayudarlos. La explosión en el número de agentes privados no responde a meros caprichos empresariales. Responde a un sistema de oferta y demanda donde los ciudadanos reconocen que la policía nacional no es funcional al buscar sustitutos y encontrándolos en la policía privada. Del debate de si esta policía privada está calificada o si debería ser reconocida como institución legítima merece otra discusión aparte. La realidad es que por cada policía nacional existen al menos 5 policías privados.
La investigación sobre seguridad residencial se realizó con el objetivo de identificar los mecanismos de seguridad que son utilizados en las áreas urbanas del departamento de Guatemala y desarrollar propuestas para mejorar los sistemas de seguridad empleados en cada área seleccionada. De esta investigación se visualiza a las organizaciones de vecinos como una oportunidad para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, oportunidad que no ha sido aprovechada por las autoridades responsables de la misma. Actualmente, el acercamiento con los vecinos ha sido realizado a través de entidades que no tienen el tema de seguridad residencial entre sus objetivos. Existe una ventana de oportunidad pues los vecinos sí están dispuestos y deseosos de colaborar con el proceso. De hecho ya han accionado y decidido hacer algo respecto a los problemas de inseguridad y violencia que los aqueja. Se realizaron entrevistas con vecinos en cada una de las comunidades seleccionadas para recoger anécdotas sobre los problemas de seguridad que han tenido y conocer con mayor profundidad su opinión de los mecanismos de seguridad utilizados. En una entrevista realizada durante la reunión de un Comité de Vecinos, el Presidente de la misma indica como un objetivo al organizarse el de “reconquistar las calles”. Él explicaba que lo que desean es poder transitar libremente en las calles sin temor a ser amenazados en su seguridad.
Las municipalidades han logrado acercamiento con las comunidades al identificar a líderes comunitarios y trabajar con ellos, a través de programas como los Comités Únicos de Barrio (CUBs) y los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs). Estos programas fueron diseñados para atender principalmente necesidades relacionadas con la prestación de servicios y mantenimiento del ornato de las comunidades. Sin embargo, constituyen el espacio a través del cual los vecinos han materializado propuestas para la mejora de su seguridad. En la investigación se constató que muchos vecinos se han organizado en comités de vecinos con el propósito poder cerrar calles y/o instalar garitas. Esto es así porque la municipalidad es la única que puede autorizar tales acciones y para procesar una petición exige que los vecinos estén organizados bajo un comité. Se identificó, que una vez realizado el cierre de calles, las municipalidades se frustran que los vecinos no se dediquen a la mejora de otros servicios en las comunidades. Asimismo, los vecinos también se frustran cuando las municipalidades no les ofrecen más asistencia en el tema de seguridad residencial.
La inexistencia de objetivos comunes, entre municipalidad y comunidad, crea significativas barreras de tipo legal e institucional, que dificultan el desarrollo de iniciativas provenientes de los grupos de vecinos organizados. Aunque las municipalidades poseen la plataforma para el trabajo conjunto con las comunidades, no tienen el conocimiento ni las herramientas legales para desarrollar y ejecutar planes de seguridad residencial. Además, a lo largo de la investigación se observó que muchas organizaciones vecinales deben afrontar una realidad: poder optar a recibir algún beneficio estatal implica movilización política para apoyar a quien, debería por obligación, proveerles algún servicio. Las personas han desarrollado mecanismos mixtos contra el crimen que incluyen acciones dentro del marco de la ley como fuera de ella. Siendo esto un fenómeno interesante, pues, todos estos mecanismos responden a un derecho legítimo: la defensa personal. Por ejemplo, vecinos organizados frustrados de que al atrapar delincuentes estos sean liberados por la policía, han optado por agregar un elemento al proceso: infligen daño físico a los delincuentes para que estos no vuelvan a regresar. Sin embargo, estos actos no-legales, no son realizados por delincuentes o por personas que deseen infringir la ley; responden a la escasez de recursos legales funcionales.
El camino a seguir es la descentralización de las funciones de la policía hacia las municipalidades para que éstas integren a sus planes de trabajo con las comunidades el tema de la seguridad ciudadana. Sin embargo, esto conlleva profundas y largas reformas legales. Por lo tanto, como alternativa está el desarrollo de un plan conjunto, que goce de legitimidad, entre la comuna capitalina y los vecinos para colaborar en programas de prevención del crimen. Esto responde a varios puntos: el primero es que los ciudadanos no tienen autoridad legal para llevar a cabo la labor de policía. Segundo, la protección de sí mismos y sus bienes más que una obligación ciudadana es un derecho del que deberían gozar. Tercero, un programa de prevención del crimen puede ser perfectamente implementado por los mismos vecinos sin tener que llevar a cabo complicadas reformas legales. Cuarto, no puede únicamente reaccionarse al crimen, debe establecerse una visión de largo plazo donde paulatinamente se desarmen los factores causantes del crimen y se pase a una posición de prevención del mismo. Quinto, el trabajo conjunto contribuirá al desarrollo de confianza no sólo entre servidores públicos y la comunidad, sino entre los mismos miembros de la comunidad.
